El 19 de marzo pasado, un grupo de 420 estudiantes de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura, fueron examinados en el fuero de Derecho Penal, pero los aplazos fueron masivos quedando descalificados para proseguir en el proceso de integración de ternas.

Denuncian a defensor adjunto por eliminar a sus competidores y favorecer a postulantes de su entorno

Los amparistas, entre ellos los abogados Olga Rojas y Edward Armas, solicitan como medida cautelar la paralización del concurso público de los edictos 1 al 8 de 2023 por el que se convoca a cargos del sistema de justicia.

Piden finalmente en el amparo que el Consejo de la Magistratura ordene la realización de un nuevo examen de Derecho Penal, que fue elaborado por un docente de la Escuela Judicial, el defensor adjunto Paublino Escobar Garay, quien a la vez es postulante de los mencionados edictos para cargos de camarista en lo penal de la capital. Indican que el defensor adjunto tiene interés directo en el resultado de la evaluación examen.

De 50 preguntas del examen, fueron objetadas 47, refieren.

Jueces inhibidos del amparo

Tras la presentación del amparo ya se inhibieron los jueces penales de garantías N° 1 Abg. Clara Ruiz Diaz, N° 2 Abg. Alicia Verónica Pedrozo, N° 3 Abg. Cynthia Paola Lovera, N° 9 Abg. Rolando Duarte y 11 Abg. Yoan Paul López.

Ahora evalúa si acepta o no tramitar el amparo el juez Abg. José Agustín Delmás, de garantías 12.

Los estudiantes de la Escuela Judicial ya solicitaron al CM la nulidad del examen que sería analizado en la sesión de este lunes.

Actúa como juez y parte, denunciaron

En la nota de pedido de nulidad del examen de Derecho Penal presentado ante el Consejo de la Magistratura que preside el Abg. Gustavo Miranda Villamayor, refiere que en su condición de docente de la Escuela Judicial, el defensor adjunto Escobar Garay, y según datos obtenidos por medio del acceso a la información pública del 17 de abril pasado, se pudo corroborar que efectivamente fue quien redactó los exámenes del fuero penal, en todas sus modalidades como penal económico, derecho penal, de ejecución, de defensoría penal, en el marco del concurso de varios edictos.

El informe proveído por el mismo Consejo de la Magistratura da cuenta de que Escobar Garay actúa como juez y parte, y que no existe manera de salvar la nulidad de los exámenes,, habían objetado.

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El escrito también dice que “es muy fácil redactar un muy cuestionado y criticado examen, no solo por abordar temas no establecidos en el programa de estudios, sino por abordar temas con respuestas en la doctrina y no en la ley. Por si esto fuera poco, se presentan temas donde todas las respuestas eran correctas, o bien, ninguna de ellas, o, donde existían más de una posible respuesta válida, para así arbitrariamente, sostener caprichosamente una respuesta como válida”.

Agrega: “Sí el postulante acertaba, ¡bingo! si no, quedaba como el ignorante que no consiguió pasar un simple examen de Derecho Penal. Todo esto para dejar fuera a la competencia; de ello no tenemos dudas, pues, hechas las reclamaciones a través de varias notas y las revisiones del examen, quien debe refutar los argumentos de las objeciones a los temas de examen presentadas, es el propio autor de los temas, el Señor Paublino Escobar Garay”.

Mejores puntuados, relacionados al defensor adjunto

Otro de los puntos que cuestionan en su nota dirigida al presidente del CM, se trata de lo que llaman “llamativa coincidencia” que se da en el relacionamiento laboral de Escobar Garay y los mejores puntuados en el examen.

Según indicaron, solamente el 2% de los postulantes que fueron examinados en el fuero penal pudieron obtener el puntaje mínimo requerido, y el resto quedó eliminado.

Sin embargo, entre los mejores puntuados del examen penal se encuentran Jorge Armando Benítez Orué, quien obtuvo 138 puntos de 150 posibles, y Miriam Josefina Vázquez Recalde hizo 129 puntos. Ambas calificaciones son consideradas elevadas, y los dos son o fueron del entorno laboral del defensor adjunto en el Ministerio de la Defensa Pública, según los denunciantes.

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Para certificar el grado de proximidad entre Escobar Garay y los postulantes, el asistente de defensoría Benítez Orué y la directora de Gestión Misional Vázquez Recalde, los denunciantes imprimieron una foto de la página oficial del Ministerio de la Defensa Pública, cuando los tres tenían a su cargo un curso de capacitación sobre el Manual de Gerenciamiento de Despacho y el Protocolo de Depuración de Causas, dirigido a defensores públicos y funcionarias de la institución. Este curso habría sido en febrero de 2020, según se observa en la impresión.