El juez de Garantías de este distrito, Rodolfo Vera Rodríguez, mediante el Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 683 autorizó al Ministerio Público a abrir el vehículo Toyota, modelo Voxy, color negro, chapa N.º BXX107, y a buscar documentación de interés público u otros elementos probatorios.

La medida fue dictada en el marco de la causa que investiga el Ministerio Público por el presunto hecho de “hurto y apropiación” de objetos y documentos que habrían sido sustraídos de la Municipalidad local durante la administración anterior.

Sin embargo, el fiscal de la Unidad Penal local, Óscar Fernández, no pudo cumplir la disposición debido a que la exsecretaria general de la intendenta saliente, Cristina Servín Franco (ANR), y propietaria del vehículo, Olga Arellano Adorno, apeló la medida judicial.

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Tribunal de Apelación atenderá la causa

Asimismo, solicitó al Tribunal de Apelación de Paraguarí que revoque la resolución y tenga presente el efecto suspensivo, de modo que no se ejecute la apertura del vehículo mientras dicho efecto se encuentre vigente.

Según la apelante, el fiscal Fernández había solicitado la apertura del vehículo como anticipo jurisdiccional de prueba, con día y hora fijados y notificación a las partes y a la Defensoría Pública.

Fundamentó su apelación en que el juez rechazó esa modalidad, pero igualmente autorizó la apertura con un cerrajero y el eventual auxilio de la fuerza pública, además de establecer alcances distintos, ampliados y con facultades coercitivas adicionales.

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Antecedentes del hecho

El miércoles 4 de noviembre, en la Comisaría 16.ª, se recibió la denuncia del funcionario municipal Edgar Fernández Leguizamón, quien relató que, mientras los auditores de la Contraloría General de la República realizaban el corte administrativo junto al intendente Tomás Fidelino Rivas (ANR), personas vinculadas a la administración saliente de Servín Franco (ANR) habrían retirado biblioratos e impresoras del edificio municipal.

El comisario Óscar Sequeira interceptó el vehículo tras una persecución y lo trasladó hasta la comisaría, donde fue lacrado por el agente fiscal Fernández, quien investiga un supuesto hecho de hurto y apropiación.

Según lo informado, en el interior de la camioneta se observan biblioratos e impresoras que supuestamente fueron retirados de la Municipalidad. Sin embargo, su contenido no pudo ser verificado debido a que el vehículo continúa lacrado.

El fiscal solicitó recién ayer, viernes, la orden judicial para abrir el vehículo. El juez concedió el pedido, pero ese mismo día la resolución fue apelada por quien se venía desempeñando como funcionaria municipal.