Tres años pasaron desde que la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista),emitiera los bonos G8, analizados con los bonos G9 por la Contraloría General de la República (CGR), que concluyó que hubo desvíos, denunció el caso a la Fiscalía y ahora pide la intervención de la Municipalidad de Asunción. La iniciativa del ente contralor resurgió la interrogante sobre el destino de más de G. 500.000 millones en bonos para obras, que ya no estaban en las cuentas al cierre de 2024, aunque sí aparecen en el presupuesto general.

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Con los bonos G8, emitidos en 2022 por G. 360.000 millones, Rodríguez recién comenzó, pero no terminó, cuatro de las ocho obras prometidas. Las dos primeras: los lotes de Abasto y San Pablo, correspondientes a las cuencas Itay y Lambaré del desagüe pluvial del Mercado de Abasto, iniciaron el año pasado.

Las obras están divididas en dos lotes y fueron adjudicadas por un total de G. 136.171 millones. Según Contrataciones Públicas, en la licitación con ID 421.414, a CCC- Tecsul -representada por Mauricio Javier Cordero Codas- es responsable del lote San Pablo y hasta enero de este año ya le pagaron G. 15.426 millones. En tanto, el Consorcio Pluvial Abasto -representad por Silvio Manuel Pela Ferrario-, tiene a su cargo el lote Abasto y recibió, hasta abril, más de G. 23.787 millones.

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El Consorcio CCC-Tecsul tiene un plazo de un año y medio (540 días) para los trabajos, que deberían concluir para el 31 de diciembre de este año, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El Consorcio Pluvial Abasto también tiene el mismo plazo de ejecución, un año y medio y con las mismas condiciones.

La obra incluye los trabajos que ya se realizaron sobre la avenida Eusebio Ayala en inmediaciones de su intersección con la avenida Boggiani, donde se cerró media calzada durante los últimos meses del año pasado y los primeros dos meses de este año. Además de afectar a los automovilistas, generó enormes pérdidas para comerciantes de la zona. Apenas dos semanas atrás, con una fuerte lluvia, la zona de obras del desagüe pluvial se inundó.

Nenecho y las obras en la Cuenca Santo Domingo

Otra cuenca de desagüe pluvial para la cual Rodríguez dijo emitir los bonos G8 en 2022, pero que recién empezó este año, es la de Santo Domingo, adjudicada al Consorcio Pluvial Santos, representada legalmente por Óscar Rubiani, por G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones.

En un intento desesperado por mostrar gestión, el intendente realizó un pomposo acto el 27 de marzo, marcando el inicio de los trabajos. Casi 20 días después, en el lugar apenas se habían recapado dos cuadras y con muy mala terminación.

A inicios de mayo, ABC constató que obreros del Consorcio Pluvial Santos habían cerrado la calle Nuestra Señora del Carmen a la altura del cruce con la avenida Augusto Roa Bastos. A diferencia de las promesas que había hecho el intendente en el acto de palada inicia “simbólica” -según el propio intendente-, la única calle alternativa que se había mejorado era Soldado Desconocido.

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Mientras, la calle Capitán Patricio Maciel, la más utilizada por los automovilistas para llegar a Roa Bastos, estaba en pésimas condiciones, con enormes baches y llenas de vehículos estacionados que provocaron grandes embotellamientos.

Ante esta situación, además del recapado de la arteria, los vecinos confirmaron que desde el inicio de los trabajos le pidieron a la Municipalidad la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), pero no obtuvieron respuesta.

San Antonio y General Santos

La obra comprometida con los bonos G8 con menor avance hasta ahora es la de San Antonio y General Santos. La firma adjudicada es Constructora Teco S.R.L., representada por Erik Wolf, por un total de G. 42.305 millones y un adelanto de G. 8.000 millones.

A dos meses de la palada inicial, la esquina de las calles General Santos y San Antonio todavía no tuvo intervención. Erik Wolf, representante legal de la firma Constructora Teco S.R.L. le había dicho a ABC que por el momento la obra se limitaba al recapado de las calles alternativas para el desvío.

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Además, dijo que se concentraban en la prefabricación de las cañerías, trabajo que se realiza en las plantas de fabricación y no en el sitio de intervención. ABC constató el trabajo de obreros en las calles 14 de julio y Teniente Cusmanich.

A la situación de retraso se sumó la queja de vecinos que viven en torno al arroyo Las Mercedes, que se mostraron preocupados por la posibilidad de quedar bajo agua de continuar el proyecto en las condiciones originales. El representante legal de la firma había confirmado a este medio que el cauce sufre un estrangulamiento a la altura de una propiedad ubicada sobre Artigas, por lo que analizaban la posibilidad de dividir el caudal de agua, haciéndolo pasar también por General Santos.

Las cuatro cuencas de desagüe que están pendientes

Con los bonos G8, emitidos en 2022 por la administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), por G. 360.000 millones, se había previsto inicialmente la construcción de desagües pluviales en 10 cuencas, proyecto que finalmente fue recortado a 8. Las 4 cuencas que aún no comenzaron son las de Ayala Velázquez, (avenida) España II, Terminal y Universidad Católica.

Pese a no haber siquiera concluido una sola de las cuencas prometidas, las cuentas bancarias donde debería estar el dinero de los G8 y otros bonos emitidos anteriormente, al cierre de 2024 ya solo registraban G. 804 millones. En total, unos G. 500.000 millones fueron desviados, según confirmó la Contraloría.

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A febrero de este año, por orden judicial, Rodríguez publicó datos de la deuda financiera de la Municipalidad, que entonces ascendía a US$ 242 millones. Solo por los bonos, de G5 a G9, por el capital se deben G. 930.000 millones (US$ 118 millones). En cuanto a los intereses, que se pagarán, en el caso de G9 hasta el año 2035, se suman otros G. 770.857 millones (US$ 98 millones).

Pese a que en varias oportunidades, tanto Rodríguez como miembros de su Gabinete admitieron haber utilizado los G. 500.000 millones de bonos en gastos corrientes, bajo el argumento de una cuenta única, su administración sigue sin mostrarle a la ciudadanía las facturas, órdenes de pago y otros documentos que prueben el destino final del dinero.

El desvío, denunciado por ABC, fue confirmado por la Contraloría y derivó en una investigación penal que sigue vigente. Ahora, la CGR pide al Ministerio del Interior la intervención de la administración de Nenecho por el desvío de los G. 500.000 millones. Rodríguez, además, está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por el que la Fiscalía calcula un perjuicio de G. 1.850 millones.