Germán Ricardo Cano tiene 57 años y lleva una década viviendo en uno de ellos. Perdió su trabajo, sus hijas se fueron a Estados Unidos, y él se quedó solo. Un amigo le habló de estos alojamientos y se instaló en una habitación por la que paga 15.000 pesos diarios (unos 4 dólares).

"Tenía mi hogar, mis cosas (...) pero me dejaron solo", recuerda a EFE y asegura que su llegada "fue dura, porque uno está acostumbrado a su apartamento".

Cada mañana, se arregla y sale a buscar trabajo en talleres y se gana la vida montando vitrinas de aluminio y vidrio o trabajando en cafeterías. Al regresar, lo espera su cuarto: pequeño, sin ventana, con la ropa colgada de las paredes, un televisor antiguo que ya estaba allí cuando llegó y recuerdos de una vida pasada como la matrícula de su antiguo carro.

Germán vive a unas puertas de Hugo y Gustavo, dos hombres que, como él, salen cada día a buscarse la vida y regresan por la noche a la soledad de sus habitaciones. La casa, de fachada colorida, está apenas a una calle de la sede del Gobierno.

Dentro, las escaleras crujen con cada paso y la luz entra por el patio interior, dejando ver manchas de humedad por las paredes. Tras las puertas, cerradas con candados, las habitaciones cambian de tamaño y de aspecto.

Los pagadiarios no responden a un único modelo: algunos cobran 8.000 pesos la noche (unos 2 dólares), tienen literas en las que pueden dormir hasta diez personas, mientras otros tienen habitaciones que se asemejan a las de un hotel.

Estas viviendas dan techo a más de 12.000 personas en Bogotá, en su mayoría migrantes, población LGBTI y personas con discapacidad que trabajan en la informalidad, se ubican en el centro y sur de la capital, donde se encuentran algunos de los barrios más pobres.

Así lo explica a EFE la secretaria encargada de Integración Social, Juliana Sánchez, quien advierte de que "son muchas las personas que parecen invisibles y que tienen ingresos muy inestables, por lo que terminan recurriendo a estas soluciones habitacionales precarias y temporales".

Hugo Alberto Sanabria Carreño, de 67 años, lleva siete años en pagadiarios de Bogotá. Tiene discapacidad y dificultades de movilidad y se gana la vida vendiendo sopas de letras (cuadernos de pasatiempos) y material escolar en el transporte público.

Deja su habitación antes de que salga el sol para intentar vender lo suficiente antes del mediodía, aunque sus ingresos oscilan. Después acude a un comedor social y descansa: de recorrer autobuses, las rodillas y los tobillos se le hinchan y le duelen.

"Yo no tengo nadie que me ayude. Nadie", dice a EFE. Tiene dos hermanas, pero mantiene poco contacto con ellas porque viven a más de 450 kilómetros. La soledad pesa especialmente en fechas como la Navidad, cuando se encierra en su habitación a ver televisión.

Para él, un buen día consiste en “que amanezca uno bien para al menos que aliente a uno para poder ir a trabajar".

Gustavo Zuluaga, de 69 años, vive a tan solo un par de puertas de Sanabria y lleva una década viviendo allí. Llegó porque no tenía otro lugar donde quedarse. Su habitación, amplia y llena de objetos personales, tiene una minicadena, discos compactos, muñecas y cuadros.

Hace más de medio siglo que trabaja en la calle y hoy vende recuerdos de Colombia, como imanes y sombreros, a turistas extranjeros que pasean por el centro histórico.

Sus ingresos también cambian de un día para otro. "A veces gana unos 30.000, 40.000 (entre 7,50 y 10 dólares), a veces puede ganar 10.000 (unos 2,50 dólares), pero a veces no puede ganar nada", cuenta.

Una ayuda económica mensual del Gobierno para mayores sin recursos y el almuerzo que recibe de lunes a sábado en el comedor comunitario le permiten aliviar parte de sus gastos, "porque la calle está dura, hay que ser uno realista".

Las secretarías de Salud y de Integración Social visitan estos alojamientos desde hace un año para identificar necesidades y facilitar el acceso a servicios sociales y sanitarios.

Joana Torres, asesora del despacho de Salud, explica a EFE que los equipos pueden detectar problemas de salud mental y activar acompañamiento psicológico individual o familiar gratuito, de varias sesiones.

También ayudan a gestionar citas médicas y hacen seguimiento a quienes encuentran barreras para acceder a la atención, aunque el acceso a estos servicios es voluntario y la desconfianza hace que no todos los residentes acepten la ayuda.