El escrito, destinado a los grupos parlamentarios y partidos con representación en la Asamblea de la República, cuestiona tanto los criterios para acceder a las compensaciones como la determinación de sus importes y exige una intervención activa del Estado para defender los derechos de las víctimas.

"Fuimos los niños a los que, en algún momento, el Estado no protegió y la Iglesia instrumentalizó", afirma la asociación en el documento, firmado por su portavoz, António Grosso, y por Filipa Pinheiro, miembro de la dirección.

Coração Silenciado sostiene que el procedimiento ha desembocado en apenas 57 supervivientes indemnizados, una cifra que contrapone a los 512 testimonios validados por la comisión independiente que investigó los abusos y a su estimación de 4.815 víctimas, recogida en el informe presentado en 2023.

La entidad denuncia que algunas solicitudes fueron rechazadas por falta de pruebas sobre hechos ocurridos décadas atrás y otras por la aplicación del reglamento, incluso cuando, según señala, no se cuestionaba la veracidad del relato ni el impacto de lo sufrido.

También acusa a la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) de haber reducido aproximadamente a la mitad los importes propuestos por la comisión encargada de fijar las compensaciones y de impedir a las víctimas acceder a los informes utilizados para determinar sus indemnizaciones.

"Nadie tiene más derecho que la propia víctima a saber lo que está escrito sobre ella", sostiene la asociación, que exige la entrega de esos documentos a las personas afectadas.

El escrito describe entrevistas de varias horas ante las comisiones de instrucción en las que, según denuncia, los supervivientes tuvieron que comparecer sin familiares, abogados, psicólogos ni otras personas de confianza, y no pudieron grabar las sesiones ni tomar notas.

La organización considera que estas prácticas obligaron a las víctimas a revivir reiteradamente sus experiencias y cuestiona la imparcialidad de un sistema en cuya decisión final participa la propia institución a la que se reclama reparación.

Asimismo, critica las condiciones que, según expone, acompañaban las comunicaciones sobre las indemnizaciones, entre ellas la renuncia a reclamaciones judiciales o extrajudiciales y la aceptación de que la cantidad concedida cubría la totalidad de los daños.

Las peticiones a los diputados incluyen garantizar el acceso efectivo al apoyo psicológico prometido, fijar plazos máximos para asignar profesionales y ofrecer alternativas cuando no haya especialistas disponibles en la zona de residencia de la víctima.

La asociación asegura que hay afectados que llevan meses esperando ese acompañamiento y subraya que la reparación no puede limitarse al pago de una compensación económica.

También pide a los responsables políticos que presten atención a la prescripción de los delitos sexuales contra menores, al señalar que muchas víctimas tardan décadas en poder denunciar: "El trauma y el sufrimiento no prescriben".

Como parte de esta iniciativa, Coração Silenciado anunció que el próximo viernes, 9 de octubre, a las 10.30 horas (9.30 GMT), entregará una carpeta con su propuesta a cada uno de los grupos parlamentarios y partidos representados en la Asamblea de la República.

Según la nota remitida a la prensa, el documento es idéntico al que la asociación entregó al presidente de la República el pasado 18 de septiembre.