El caso de Kevin Nahuel Flores Domínguez y su lucha por un derecho tan fundamental como el de tener una identidad es emblemático porque demuestra un recio apego a un formalismo a ultranza, en desmedro justamente de lo que debiera ser prioridad para el Estado: el interés superior del niño.

Pero contemos su historia, con el anhelo de que las autoridades adopten las medidas necesarias para que no se repita con otros niños, niñas y adolescentes en situación similar. En marzo del 2019, integrantes de la Red de Voluntarios del Paraguay (Redvolpy) en su trabajo de asistencia a niños en situación de calle encontraron a Kevin, entonces con 13 años, en una vía pública de Ytororó.

Huérfano de madre y abandonado por el padre, Kevin vivía de la ayuda de vecinos del barrio Ytororó de la misma ciudad, donde deambulaba de casa en casa pidiendo comida. El niño no tenía ni un solo documento y no estaba escolarizado en aquel momento.

Ante la situación de extrema vulnerabilidad, el caso fue reportado ante la defensoría de la niñez de Lambaré para iniciar el proceso de inscripción judicial y la protección judicial y en ese marco garantizar su derecho a la identidad y a vivir en familia, al menos por medio de un acogimiento temporal.

La voluntaria Ruth Lorena Castillo recordó que en ese tiempo una familia accedió voluntariamente al cuidado transitorio del niño por el lapso de un año, mientras se localizaba algún familiar y culminara el procedimiento de inscripción judicial en el Registro Civil.

Por su parte, la voluntaria Diana Amarilla instó a la defensora de la Niñez Lorena López a gestionar la inscripción por la vía judicial atendiendo la condición de huérfano del chico, cuyo padre estaba con paradero desconocido y a que no se conocían otros familiares. Vecinos de la comunidad de Ytororó fueron convocados para declarar como testigos en el juicio, a los efectos de relatar la situación de abandono en que se encontraba el niño.

Burocracia no se compadece de los derechos de la Niñez y Adolescencia

Obviando la primera falla del Estado, consistente en la misma situación de abandono de Kevin, lo que vino después fue peor. Eso porque la situación de vulnerabilidad era desconocida por el Estado. Sin embargo, la respuesta del aparato estatal una vez que la situación fue puesta a su conocimiento, fue más que lamentable.

Pero vayamos al principio. La situación de Kevin fue reportada en marzo del 2019 y tras numerosas idas y venidas de las voluntarias a la defensoría, Fiscalía y juzgado, el 27 de febrero del 2020, casi un año después, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Lambaré, Carolina Noguera, dictó la resolución para la inscripción judicial. Sin embargo, el caso estaba lejos de terminar. La resolución mencionada omitió el lugar de nacimiento del niño.

Por esta razón, el Registro Civil de las Personas emitió un certificado de nacimiento N° 2.561.670 incompleto, que al momento de ser presentado para solicitar la cédula correspondiente en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, fue rechazado por no reunir los requisitos básicos para la cedulación.

Policía cuestionó sentencia y advirtió “manoseo”

Al respecto, el entonces titular del departamento de Identificaciones, Comisario Principal Reinaldo López, en una nota remitida el 10 de setiembre del 2020 a la Defensa Pública con copia al Ministerio de Niñez, explicó los motivos por los cuales no podía expedir la cédula e incluso alerta sobre la situación de “manoseo” a la que es sometida la identidad del niño, ya adolescente.

En la citada nota, la Policía Nacional menciona que no se ha podido emitir la cédula porque la sentencia judicial y certificado de nacimiento que se adjuntan adolecen de vicios formales insalvables para el Departamento de Identificaciones, teniendo en cuenta que ambos documentos no describen el lugar de nacimiento y las autoridades que deberían proteger los derechos del niño insisten en que la Policía Nacional expida una cédula sin hacer figurar el lugar de nacimiento, en abierta violación de todas las normas jurídicas que se mencionan tanto en la Sentencia Judicial y en la nota remitida por la Defensora Pública del niño.

Otro año pasó para que el juzgado emita una nueva resolución y a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 186 el 19 de mayo del 2021 para agregar el dato que se omitió en la primera resolución (27 de febrero del 2020). ¿Caso resuelto? Para nada. El Registro Civil advirtió inconsistencias en el documento y dictamen jurídico mediante, trabó la actualización de los datos.

Pese a la persistencia de los voluntarios en instar a los operadores de justicia, fue recién tras la denuncia pública en nuestro diario que el junio de 2022 se pudo avanzar con las gestiones que terminó con la expedición de un documento correctamente elaborado, que permitió a Kevin contar con su cédula el 24 de enero de 2023.

La inexistencia de un sistema de interconexión entre las instituciones involucradas obligó a los voluntarios a desplegar nuevamente una serie de gestiones para destrabar el caso, porque si dependía del impulso de los operadores de justicia, probablemente Kevin seguiría indocumentado.

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MINNA se “lavó las manos”

Agobiados ante tantas trabas y el desinterés de los operadores de justicia en allanar los obstáculos para que Kevin pudiera tener su cédula, los voluntarios recurrieron al Ministerio de Niñez y Adolescencia (MINNA), por tratarse del organismo que debe velar por los derechos de los niños y adolescentes, pero tuvieron una nueva decepción.

El director jurídico de esta institución Nelson Coronel, les informó que no compete a dicho ministerio intervenir en el tema pues se trata de una cuestión de inscripción en el ámbito jurisdiccional y que ellos “nada pueden hacer al respecto”. Consultado si podía orientar o indicar alguna alternativa a ser accionada para solucionar el problema planteado, el funcionario tampoco tuvo respuestas.

“A Kevin le falló el Estado”

La abogada y socióloga Diana Vargas presentó un anteproyecto de ley para la “simplificación de trámites administrativos en organismos y entidades del Estado”, actualmente con media sanción, precisamente para evitar que sigan ocurriendo casos como el de Kevin.

“A Kevin le falló el Estado. Cuando finalmente se enteraron que existía, no restituyeron sus derechos. Más bien todo lo contrario. La identidad es un derecho pero el aparato estatal en su conjunto se organizó para obstaculizar la posibilidad que él pudiera existir formalmente: que pudiera tener un certificado de nacimiento a los 17 años”, afirmó.

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La profesional cuestionó la exigencia de realizar el trámite a través de un abogado, entre otros obstáculos, cuando que es un trámite administrativo que debería ser de mera ejecución, sin abogado y sin tener que presentar ningún documento más.

“Pero aquí, Identificaciones y el Registro Civil también son parte del problema y es un tema que abordamos desde hace años. Ellos se creen cámara revisora y pretenden que se consignen datos con los que en ocasiones no se cuenta, solo con el ánimo de cumplir su formalidad (llenar su campo) cuando que deben de poner sin datos y garantizar el derecho”, indicó.

“El problema es que no reconocen a la identidad como un derecho, entonces están abocados al cumplimiento de requisitos formales. Por ejemplo ¿tenían certeza del lugar de nacimiento de Kevin? Si no tenían, no deben consignar o se estaría afectando su derecho a la identidad, inventando datos para completar los campos que exige el sistema informático de registro civil /identificaciones”, afirmó, tras destacar que consignar datos falsos dificulta la búsqueda de orígenes.

Diana Vargas recordó que cuando se desempeñó como comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), convocaron al asesor jurídico de Identificaciones (Julián Giménez), entre otras autoridades de las instituciones involucradas, a varias mesas de trabajo para tratar de eliminar esta burocracia innecesaria.

Precisamente ante la falta de solución al problema, impulsó el proyecto de ley mencionado, que ha sido aprobado en el Senado y se encuentra pendiente de estudio en Diputados.