Enel proceso abierto por la supuesta venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS) la jueza penal de garantías N° 1 Abog. Clara Ruiz Diaz Parris por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 123 del 31 de enero de 2024, resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por estafa y asociación criminal Eduvigis Espínola (28 años), funcionario del IPS, por lo que seguirá guardando reclusión en la Comisaría 12 de la capital, por el plazo de 15 días, tiempo tras el cual será remitido a la Penitenciaría de Emboscada, o en otro penal.

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Defensa solicitó medida menos gravosa

El representante de la Defensa Técnica Abg. Álvaro Arias solicitó para el imputado Eduvigis Espínola, en la audiencia de revisión de medidas, la aplicación de medida menos gravosa que la prisión preventiva.

El defensor alegó que el procesado tiene arraigo en el país y para demostrarlo presentó un certificado de vida y residencia expedido por la Policía Nacional.

En cuanto al peligro de obstrucción, el defensor sostuvo que no existe de ninguna manera algún indicio que haga inferir para que el procesado obstruya en cualquier faceta de la investigación y mucho menos influir para que otros imputados, testigos, etc.; puedan comportarse de manera desleal o reticente.

Arias asimismo sostuvo que su defendido sufre una discapacidad en el sentido de soportar una ceguera casi total y presentó un certificado de la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) que asegura que Eduvigis Espínola tiene una disminución sensorial visual del treinta por ciento.

También ofreció fianza personal de personas con solvencia, según indicó.

Análisis del juzgado para rechazar la revisión de medidas

A criterio de la jueza Clara Ruiz Diaz Parris, no se ha presentado un hecho nuevo que modifique sustancialmente los presupuestos y los hechos atribuidos en el AI Nº 184 del 13 de enero de 2.024 por el cual se decretó la prisión preventiva del imputado Eduvigis Espínola.

La jueza también consideró que el procesado cuenta con arraigo suficiente dentro del país, que tiene domicilio fijo, que presentó un certificado de discapacidad y potencial laboral y fianza personal, Sin embargo, lo ofrecido resulta insuficiente teniendo en cuenta que el mismo se encuentra imputado por hechos punibles graves.

De igual manera, no se ha logrado desvirtuar el peligro de fuga y de obstrucción a la justicia, pues se está ante un concurso de hechos punibles (estafa y asociación criminal) y conforme al art. 70 del Código Penal, la pena carcelaria puede ser aumentada, sostuvo la magistrada.

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Espínola sería coordinador del grupo

En el caso de Eduvigis Espínola, cumple funciones en la Dirección de Talento Humano de la previsional y uno de los denunciantes del caso lo señala como coordinador del grupo que prometía cargos, recategorizaciones salariales y nombramientos dentro del Instituto de Previsión Social, siempre según la hipótesis del Ministerio Público.

Espínola fue detenido en la mañana del viernes 12 de enero de 2024, durante un operativo realizado en el Hospital Central del IPS. El funcionario de la previsional fue visto en la vivienda del procesado Jorge Aquino, donde fueron convocados los interesados en acceder a los puestos laborales en el Instituto de Previsión Social, de acuerdo a las fotografías facilitadas por las víctimas.

Los procesados por la “venta de cargos” en IPS

El martes último la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de la enfermera de la previsional Fátima Adelaida González, el docente Carlos Barreto Ocampos, la contadora Jennifer Karina González González y José Genaro Santacruz Frutos, coordinador de servicios del Hospital Central del IPS; todos imputados por estafa y asociación criminal.

Los demás procesados y con prisión preventiva por la presente causa penal son la Abg. Fátima Patricia Agüero Stelhik, exabogada de la senadora Zenaida Delgado; José Manuel Agüero Stelhik, el hermano de la letrada; y María Luján Aguilera Chaparro, funcionaria del IPS.

También están imputados por el caso Zulma Verónica Villalba Colmán, exfuncionaria de la previsional y sindicada por los denunciantes como la “reclutadora” del esquema de estafa y la administradora del dinero que recaudaban; y Eduvigis Espínola, que es funcionario activo del IPS, quien sería el coordinador del grupo de estafadores, de acuerdo a las víctimas.

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Estos nueve procesados cumplen actualmente la medida cautelar de prisión preventiva. El único investigado que tras estar unos días en prisión fue beneficiado con el arresto domiciliario es el funcionario del IPS Jorge Miguel Aquino Riveros, hijo de Ramón Aquino, abogado del exsenador colorado Juan Carlos Galaverna.

Las fiscalas Sandra Ledesma y Sophia Galeano también presentaron imputación por presunta estafa y asociación criminal en contra de la Abg. Reina Torres viuda de Duarte (45 años), Jorge Manuel Juvinel Ferreira (30) y Rodolfo Ramón Daniel Velázquez Caje (25), sindicados como presuntos miembros de la red de estafadores que ofrecía nombramientos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IP) a cambio de fuertes sumas de dinero.

Los dos primeros son funcionarios de la previsional mientras que en el caso de Velázquez Caje, quien también fue imputado por presunta resistencia, fue aprehendido en su vivienda ubicada en Asunción, donde una comitiva fiscal policial realizó un allanamiento en busca de su madre Cynthia Caje, quien continúa prófuga.