Las sentencias fueron dictadas en la madrugada del 26 de agosto por el Tribunal de Sentencia integrado por Luis Ovelar (presidente), Andrea Riquelme y Víctor Vera.

En el caso de Armando Silva y Karen Villar, ambos condenados a cuatro años y seis meses de prisión por simulación de hecho punible, asumió la defensa en la etapa de apelación el abogado Gustavo Battaglia, quien desde el inicio del proceso representó a Ricardo Villamayor.

El abogado adelantó que solicitará la anulación del juicio y la absolución de ambos condenados, al considerar que la acusación por simulación de hecho punible no corresponde con el hecho investigado, debido a que la denuncia realizada fue por desaparición y no por secuestro u otro hecho similar que constituya un delito.

En cuanto a Enrique Villamayor, condenado a tres años de prisión por ocultamiento de un hecho punible y obstrucción a la investigación, su defensa también cuestionará la resolución. Según el planteamiento de la defensa, la condena no se condice con la acusación presentada por el Ministerio Público.

Por otra parte, la abogada Lourdes Rolón, defensora de Mikhaela Jasy Rolón Melgarejo, condenada a 10 años de prisión por instigación a cometer feminicidio, anunció que solicitará directamente la absolución de su defendida.

La defensa sostiene que la condena se basó en un informe policial preliminar que contenía capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre el adolescente y Mikhaela. Según la abogada, no fue posible realizar una pericia sobre el contenido del teléfono celular porque, mientras el aparato estaba en poder del Ministerio Público, sufrió daños, sin que la defensa conozca en qué circunstancias ocurrió.

También cuestionan que el Tribunal de Sentencia no haya explicado las circunstancias en que se produjo el daño del teléfono, elemento considerado relevante para la defensa.

En el caso de Franco Antonio Acosta Céspedes, condenado a cinco años de prisión y señalado como propietario de la farmacia donde supuestamente fueron vendidos los medicamentos abortivos utilizados para inducir el aborto de María Fernanda, su abogado Bernardo Villalba anunció que pedirá la anulación de la condena y la absolución de su defendido.

La defensa sostiene que la Fiscalía nunca pudo probar que Bernardo Silva Villar haya comprado los medicamentos en la farmacia de Acosta Céspedes y que tampoco se produjo el aborto que se atribuye al condenado. Como elemento de su planteamiento, menciona lo señalado durante el juicio por el médico forense Pablo Lemir, quien indicó que el feto murió como consecuencia del fallecimiento de la madre.

Además de las defensas, también presentó una apelación la querella adhesiva de la familia de María Fernanda Benítez, representada por los abogados Dionisio Piñánez y Luciano Acosta.

La querella solicitó la anulación de la condena de Mikhaela Jasy Rolón Melgarejo y la realización de un nuevo juicio para elevar la pena, debido a que la familia no estuvo de acuerdo con los 10 años de prisión impuestos a la joven.

De esta manera, al vencer hoy el plazo establecido para recurrir las sentencias, las distintas partes plantean sus cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por el Tribunal de Sentencia y buscan que el Tribunal de Apelación anule las condenas, disponga absoluciones o permita un nuevo juicio, según el caso.