Fuentes de la demanda consultadas por EFE confirmaron que la jueza federal Mariel Borruto, de la sureña ciudad argentina de Río Grande, se declaró competente para intervenir en el caso.

El pasado 9 de octubre, la Fundación Agustina Lerena -una organización no gubernamental ambientalista- presentó una demanda colectiva contra las actividades de pesca que se desarrollan en las Malvinas sin permisos concedidos por Argentina.

En la demanda, se reclama a las empresas pesqueras que operan en las aguas de ese archipiélago del Atlántico sur un resarcimiento de entre 12.351 millones de dólares y 26.465 millones de dólares por las 4.101.131 toneladas de capturas acumuladas entre 1989 y 2025.

La denuncia es contra varias empresas, entre ellas pesqueras de capitales españoles, otras que operan con bandera de las islas Falkland (nombre británico de las Malvinas) y compañías argentinas sospechas de tener vinculación económica con las españolas.

La organización denunció a estas empresas por pescar "ilegalmente en las aguas argentinas de Malvinas", "provocando un gravísimo daño sin solución de continuidad al medio ambiente; a la sostenibilidad de las especies; y a la soberanía política, económica y alimentaria de la Argentina".

Según datos oficiales del gobierno isleño, la pesca aporta el 58 % del PIB de las Malvinas y ha sido su mayor motor económico durante las últimas tres décadas.

La industria pesquera comenzó a desarrollarse desde 1986 a partir del establecimiento de zonas y un régimen para esta actividad, lo que permitió aumentar en forma sustancial los ingresos del gobierno local hasta asegurar la autosuficiencia económica.

En 2025 el gobierno local -que Argentina considera ilegítimo- concedió 201 licencias anuales de pesca, concentradas en flotas de Taiwán (77), Malvinas (60), España (31) y Corea del Sur (30).

Las capturas se reparten mediante un sistema de Cuotas Individuales Transferibles (ITQ, por su sigla en inglés), por el que se otorgan porcentajes de captura a 'joint ventures' de empresas con una participación de capitales isleños de al menos el 51 %.

La última asignación de cuotas por 25 años, denominada ITQ-B, entró en vigencia a inicios de 2023, beneficiando a una decena de empresas, todas constituidas en Malvinas.