"Esta mañana, el fiscal de distrito nos informó de que el Estado no contaba con pruebas suficientes para sustentar un enjuiciamiento efectivo de los acusados. En consecuencia, comunicó esta situación al tribunal y retiró los cargos antes de la declaración de culpabilidad", declaró el abogado Chris Ndlovu.

Biti, quien ejerce como coordinador del partido Foro de Defensores de la Constitución (CDF), quedó así en libertad junto con el director del programa del partido, Morgan Ncube.

"Para nosotros, esto supone el fin del asunto y del calvario de los acusados", añadió la defensa.

Ambos acusados fueron detenidos el pasado 21 de marzo por no notificar a la Policía sobre una reunión pública en Mutare, capital de la provincia oriental de Manicalandia, en la que protestaron contra un proyecto de ley impulsado por el Gobierno zimbabuense para extender el mandato presidencial de cinco a siete años.

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, promulgó en julio una enmienda constitucional para ampliar el mandato presidencial y parlamentario de cinco a siete años.

Mnangagwa, de 84 años y que debía dejar el cargo en 2028 tras cumplir sus dos mandatos de cinco años estipulados en la Constitución, ahora podrá optar a seguir al frente del país hasta 2030.

Esta reforma también faculta al Parlamento, donde el partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue Frente Patriótico (ZANU-PF), ostenta una amplia mayoría, para prorrogar el mandato de los legisladores de ambas cámaras durante dos años, lo que permitió cancelar las elecciones generales previstas para 2028.

La medida provocó protestas de la oposición y de sectores dentro del propio partido gobernante, donde se desataron disputas internas entre aquellos miembros leales al presidente y los partidarios del vicepresidente, Constantino Chiwenga.

Chiwenga, exgeneral del Ejército, lideró el golpe militar de 2017 que derrocó al entonces presidente, Robert Mugabe, en el poder desde 1987, y colocó a Mnangagwa como jefe de Estado.

El actual presidente fue elegido en las elecciones de 2018 y reelegido en los comicios de 2023, cuyos resultados fueron impugnados por la oposición tras denunciar irregularidades.

Según Human Rights Watch (HRW), el Gobierno de Zimbabue ha intensificado la represión contra quienes se oponen a esta legislación y en los últimos meses la Policía y hombres armados no identificados han amenazado, acosado y agredido físicamente a los opositores de la enmienda constitucional.