En su fallo preliminar, la jueza Jane Onyango permitió que el proyecto continúe a pesar de un litigio pendiente sobre la propiedad de la tierra y cuestiones ambientales tras rechazar emitir cualquier orden cautelar para mantener el status quo, lo que permite a Dangote proceder con las obras de construcción.

En su resolución, la jueza citó el incumplimiento de los peticionarios de notificar a Dangote y a todas las agencias estatales mencionadas en la petición.

"No notificaron a los demandados según las directrices del 1 de octubre de 2026. Notifíquenle a él y a todas las partes en un plazo de 14 días antes de la vista. Se concede permiso para enmendar la petición en un plazo de siete días", declaró la jueza Onyango.

El caso, presentado por 133 residentes, alega que la refinería propuesta amenaza sus derechos de propiedad y que los desarrolladores no han demostrado el cumplimiento de las normativas ambientales en un área estimada entre “7.000 y 10.000 acres” (unas 2.832 y 4.046 hectáreas).

El tribunal también determinó que los peticionarios habían citado la parcela de tierra incorrecta y les concedió permiso para enmendar su presentación a fin de reflejar la propiedad correcta, tras una orden emitida el pasado 25 de septiembre por el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Malindi.

Por su parte, la secretaria de gabinete de Tierras, Alice Wahome, ha afirmado que la mayor parte del emplazamiento del proyecto es terreno público propiedad legal del Gobierno y aclaró que, si bien hay personas residiendo en partes del lugar, su presencia no significa que la tierra sea propiedad privada.

La construcción de la refinería se puso en marcha formalmente el pasado 30 de septiembre y se espera que las instalaciones se completen en un plazo de 40 meses, con una puesta en marcha prevista para 2030. El caso será revisado nuevamente en una vista el próximo 24 de noviembre.