La conocida como 'ley de nietos' es en realidad una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Para su aplicación, el Gobierno español aprobó en 2022 una instrucción que "presume" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron del país entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

De este modo, no hacía falta probar el exilio mediante documentos para acogerse a la 'ley de nietos'.

Iustitia Europa y el partido de extrema derecha Vox recurrieron esa instrucción y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente a principios de septiembre las altas en el censo electoral de los afectados.

Alrededor de un mes después, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que las elecciones generales se anticiparían y que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Hay diferentes casuísticas entre los beneficiados por la 'ley de nietos', si bien destacan las 163.020 personas nacionalizadas por esa vía e inscritas en el censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA), algunas de las cuales ya votaron en sufragios anteriores y que no podrán en principio ejercer su derecho a voto el 29 de noviembre, aunque sí pueden alegar hasta el 22 de octubre.

Por ejemplo, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), que agrupa a españoles nacionalizados por la 'ley de nietos', presentó este jueves alegaciones al auto del Supremo.

En este contexto, Iustitia Europa considera que Cubanos por la Democracia y Ascendientes Españoles en el Mundo carecen de legitimación para presentar alegaciones contra la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

En un escrito remitido al Supremo, Iustitia Europa sostiene que ambas asociaciones "no ostentan titularidad alguna" sobre las potestades de la Administración Electoral, ni tampoco "una posición jurídica individualizada frente al acuerdo impugnado".

Además, en su escrito, el partido argumenta que la controversia está relacionada con los efectos electorales y censales de la 'ley de nietos' y no con la adquisición de la nacionalidad española, por lo que "la eventual estimación de su demanda incidiría sobre las obligaciones de fiscalización, revisión, trazabilidad y control de la Junta Electoral Central y de la Oficina del Censo Electoral".