La iniciativa, que este lunes recababa ya 1.051 firmas, basa su argumentación sobre una opinión pericial financiada de forma independiente que se publicó en junio y que rebate el argumento, esgrimido por buena parte de los líderes políticos, de que la base legal para declarar anticonstitucional a AfD no es sólida y que un proceso así fracasaría ante el Tribunal Constitucional.

El resultado del peritaje es "alarmante" subrayan los juristas, pues éste determina que AfD, según sus objetivos y el comportamiento de sus seguidores, aspira a "socavar el orden fundamental democrático-liberal al despreciar de forma sistemática los principios democráticos y las garantías a la dignidad humana".

Así, el partido basa su concepto político en la "exclusión" y "desvalorización" de los los extranjeros, alemanes con raíces migratorias, los musulmanes y otros grupos sociales y aspira a poner en práctica una "concepción nacional étnico-cultural incompatible con la Constitución".

A esto se suman, según los firmantes de la carta, "tendencias hostiles al colectivo LGTBI y a los discapacitados", así como un "antisemitismo estructural".

Los juristas resaltan en su llamamiento que los diputados y los miembros del Gobierno encabezado por el conservador Friedrich Merz tienen una responsabilidad especial a la hora de proteger la Constitución y, por ende, solicitar la ilegalización de AfD ante la justicia.

"Es evidente que no es posible enfrentarse a AfD sólo con medios políticos", se destaca en la carta, que aludió al riesgo de que el mes que viene el partido ultraderechista, que encabeza las encuestas de intención de voto a nivel nacional, pueda ganar las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt con mayoría absoluta y formar gobierno allí.

AfD ha sido ya la fuerza más votada en comicios regionales del este de Alemania, pero hasta ahora nunca ha gobernado más que municipios de escasa población gracias a la política de cordón sanitario seguida por el resto de partidos, que se niegan a formar coalición con la fuerza ultraderechista.

El partido está considerado como un posible caso de organización de extrema derecha por la Oficina para la Protección de la Constitución (los servicios secretos del interior alemanes) y algunas de sus secciones regionales están catalogadas como casos confirmados.