La iniciativa legislativa, bautizada como "Escucha tu corazón", fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan "la oportunidad de escucharla”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, "el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo" y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

"No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte", argumentan los parlamentarios de extrema derecha en el proyecto de ley.

Desde las organizaciones feministas, han calificado el proyecto de "cruel" y lo han definido como "una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas".

"En los últimos años hemos visto cómo sectores de la derecha chilena han ido adoptando estrategias y discursos impulsados por movimientos ultraconservadores internacionales", indicó a medios la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

El proyecto legislativo también lo criticó Antonia Orellana, exministra de la Mujer del Gobierno progresista de Gabriel Boric, quien se preguntó en una carta publicada en sus redes si "realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá".

 Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la "batalla cultural" y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se ha pronunciado sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indican que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.