El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, cuestionó la Resolución N° 8/2018 del Banco Central del Paraguay (BCP), normativa que establece lineamientos para la implementación de los Sistemas de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) en el proceso crediticio.

Según Cristaldo, la disposición del BCP introduce un “sistema paralelo de evaluación de impacto ambiental” a través de las entidades financieras, lo que –dijo– contradice el marco legal vigente en Paraguay y genera incertidumbre para el sector productivo.

El titular de la UGP afirmó que la resolución fue impulsada con asesoramiento de WWF, incorporando criterios que, según dijo, “contradicen las políticas de desarrollo del país”.

“No puede una resolución del BCP desconocer un documento oficial como la declaración de impacto ambiental que emite el MADES. Se está creando un sistema paralelo de evaluación de impacto ambiental vía banco. El Banco lo que sabe es manejar la plata y de ambiente no entiende mucho. Y el Mades, que entiende de ambiente, su documento no vale”, expresó.

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Más trabas para el crédito y debate abierto

La aplicación de la Resolución 8 obliga a los bancos a revisar también temas ambientales y sociales antes de dar créditos. Para los gremios productivos esto significa más trabas incluso con la aprobación del Mades, lo que reabre el debate sobre cómo se cruzan las reglas financieras y ambientales en Paraguay.

Mientras el Banco Central busca alinear al sistema financiero con prácticas sostenibles, los productores sostienen que se duplica el trabajo y se resta autoridad al Mades, afectando la inversión y la competitividad.

Moratoria de la soja en Brasil y efectos en Paraguay

Cristaldo también se refirió a la moratoria de la soja en Brasil, un acuerdo voluntario entre empresas que prohíbe la compra de granos de áreas deforestadas en la Amazonía y que fue suspendido de forma cautelar por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), al considerarlo un acuerdo anticompetitivo.

El dirigente advirtió que en Paraguay, especialmente en el Chaco, se observa una situación parecida: “Hay empresas que no están comprando en el Chaco, no sé si hay un acuerdo firmado o si es una extrapolación del Brasil”, indicó.

Cristaldo cuestionó que ciertos sectores buscan instalar un relato negativo sobre la producción en nuestro país.

“Hay gente que vive de ese escenario de catástrofe, instalando que Paraguay tiene los mayores índices de deforestación, cuando los datos del Infona muestran otra realidad”, afirmó. Apuntó, en ese contexto, a las exigencias del reglamento 1115 o ley “antideforestación” de la Unión Europea en contratos de compra y venta de soja.

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UGP: desarrollo y ambiente no se contraponen

En ese sentido, insistió en que desarrollo y ambiente no son opuestos, sino que deben ir de la mano. Resaltó que en el Paraguay los productores son los más interesados en el manejo racional de los recursos naturales.

“El problema es que el sector más radicalizado solamente se fija en uno de los ejes, que es el tema ambiental; menosprecia a la parte económica de la producción y no mira el impacto social: que paralizar eso es dejar sin posibilidad de inversión, de generar empleo y mejor condición de vida en los países en desarrollo como el nuestro”, mencionó.