La crisis financiera desatada en torno a Ueno Bank, que estalló este martes tras su intervención por el Banco Central del Paraguay (BCP), dejó a miles de ahorristas sin acceso a su dinero. Entre los afectados se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyas autoridades se presentaron esta tarde ante la banca matriz para formalizar su posición como acreedores privilegiados buscando la protección de los fondos del seguro social.

Jubilados de IPS exigen responsabilidades políticas al gobierno de Santiago Peña

La medida busca blindar los multimillonarios fondos de la previsional depositados en la entidad intervenida, en un contexto marcado por una fuerte tormenta política que salpica directamente al Poder Ejecutivo.

IPS tiene el 9% de sus activos en Ueno Bank

Encabezada por los consejeros del IPS, junto al director jurídico Pablo Morínigo y la gerente financiera Gladys Vera, la comitiva del IPS entregó esta tarde, la documentación formal en la banca matriz a fin de iniciar el proceso de acreditación de créditos ante los interventores del BCP.

Con una exposición estimada de US$ 355 millones que representan cerca del 9% de la cartera de inversiones de la previsional, el futuro de los recursos encargados de sostener a miles de jubilados depende de los resultados de la evaluación patrimonial que la Superintendencia de Bancos deberá finiquitar.

IPS asegura que pago de haberes y aguinaldo están garantizados

Aunque desde la gerencia financiera del IPS se intentó llevar paños fríos asegurando que el pago de haberes y aguinaldos de noviembre está garantizado mediante planes de contingencia con otras entidades, la sombra de la insolvencia bancaria mantiene en vilo a la clase trabajadora.

“Hemos presentado esta nota, pero es apenas un comienzo. Ahora entramos en un proceso de acreditación de los documentos”, señaló Morínigo, director Jurídico del IPS, al referirse a las gestiones iniciadas para resguardar los intereses de la previsional.

Por su parte, Vera, gerente financiera del IPS, explicó que actualmente se desarrolla el proceso de resolución que requiere una evaluación de la situación patrimonial de la entidad bancaria, incluyendo la calidad de sus activos y pasivos. Informó que los interventores disponen de aproximadamente 15 días para analizar estos elementos y definir los pasos a seguir.