El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la resolución del juez de garantías Rodrigo Estigarribia que ordenaba la reapertura de la causa contra el intendente Tomás Olmedo (ANR-FR), y otros cinco procesados por presunta lesión de confianza y estafa.

Según la investigación fiscal, Tomás Olmedo y otros funcionarios municipales presuntamente habilitaron el pago por obras que ya habían sido ejecutadas y pagadas en periodos pasados, generando así un perjuicio patrimonial de G. 700 millones.

Con este revés judicial para Olmedo, el juez de garantías Rodrigo Estigarribia debe fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar de los procesados. La fiscal Jessica M. Verocay es quien lleva adelante la investigación.

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A mero efecto dilatorio los procesados; Tomás Olmedo, Marcos Isaías Meza, Arnaldo Gauna Martínez, Enrique Hugo Delvalle y Flavio Javier Duarte presentaron como agravio “el hecho de haber dictado el juez de Primera Instancia la resolución que reabría la causa, pues todos gozaban de sobreseimiento provisional”.

Asimismo, solicitaron la extinción de la acción penal, por que supuestamente la causa fue reabierta once días después de la fecha límite.

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Según argumentaron los investigados, el juez en fecha 13 de abril del 2026 reabrió la causa cuando se debió hacerse a mas tardar entre el 02 y 03 de abril del 2026 por el cumplimiento de un año del provisional.

Sin embargo, el Tribunal entendió que el Ministerio Público presentó el pedido de reapertura el 30 de marzo, dentro del plazo exigido por ley.

“En estos autos claramente podemos observar que el sobreseimiento provisional de los recurrentes fue dictado en fecha 02 de abril del 2025 con lo cual el Ministerio Público tenía la posibilidad de solicitar la reapertura de la causa para la presentación de requerimiento conclusivo hasta el día 02 de abril del 2026 , y puede observarse que en fecha 30 de marzo del 2026 se ha presentado en estos autos el Ministerio Público a solicitar la reapertura de la causa y al mismo tiempo presentar su requerimiento conclusivo de acusación, con lo cual el titular de la acción ha cumplido con la norma procesal de solicitar la reapertura luego del sobreseimiento provisional antes de los un año en proceso penal”, reza parte de la resolución judicial.

En el documento se deja claro que el juez no fue diligente y debido a eso recién respondió el 13 de abril, no obstante el Ministerio Público actuó en tiempo y forma.