En la diligencia estuvieron presentes la fiscal del caso y todos los imputados, incluido el exmandarario y su hijo, quienes se conectaron de manera virtual.

Sin embargo, no asistió el abogado de uno de los procesados porque tuvo una emergencia médica y tampoco una perito que iba a traducir la decisión al ciudadano israelí Sheinman Oren, también vinculado al caso.

La fiscal dijo a los jueces que la causa ha sufrido "múltiples dilaciones", pues han pasado seis años desde que se registraron los hechos investigados y pidió que se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a suceder.

El tribunal decidió declarar fallida la audiencia, que ya se había aplazado en otras dos ocasiones, y multar con dos salarios (964 dólares) a los ausentes. Además, advirtió que si no se presentan en la próxima diligencia serán detenidos y trasladados al juzgado por la fuerza pública.

La Fiscalía acusa al expresidente, a su hijo y a otras dos personas de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria".

De acuerdo a las investigaciones, Oren y otro ciudadano israelí asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien "también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras".

Jacobo Bucaram "pagó 321.600 dólares en efectivo por esta mercadería", de acuerdo al testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía durante el juicio.

El Ministerio Público también ha señalado que algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para movilizarse.

En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.

El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.

Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.