La convocatoria a los tres acusados, Walter H. Bower, Osvaldo Vera y Merardo Palacios; las querellas y la fiscalía fue realizada por el presidente del Tribunal de Sentencia, el juez Fabián Weisensee, tras la decisión de la Cámara de Apelaciones que rechazó las recusaciones y confirmó a los magistrados para juzgar la causa por torturas contra policías.

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La última audiencia que se llevó a cabo en el presente juzgamiento fue el pasado 4 de noviembre. El Colegiado de Sentencia que también integran las juezas Laura Ocampo y Cándida Fleitas había previsto continuar la audiencia el martes 12 de noviembre, pero el juicio no se pudo reanudar debido a la internación de Weisensee, por problemas de salud.

En consecuencia, para las defensas de los acusados el juicio fue interrumpido el viernes 15 de noviembre, al cumplirse 11 días desde la última audiencia, ya que se superó el plazo máximo de interrupción establecido en la ley, de 10 días corridos.

Juicio fue interrumpido, según Bower y policías

Las defensas de Bower y Osvaldo Vera plantearon un incidente solicitando que se declare la interrupción del juicio, por haber superado el plazo máximo de 10 días, y que el Tribunal de Sentencia se aparte de esta causa, en base a lo establecido en el Artículo 50 inciso 10 del Código Procesal Penal.

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En cuanto a la declaración de culpabilidad de los tres acusados, argumentan que se ha producido la perención del plazo para que se dicte el fallo escrito, que es de 5 días como máximo, de acuerdo al Artículo 399 del C.P.P.

En ese sentido, solicitan que se remita el expediente a la Oficina de Coordinación de Juicios Orales, para que se sortee otro Tribunal de Sentencia.

Declarados culpables de tortura

La primera parte del juicio finalizó el 19 de octubre con la resolución del Tribunal de Sentencia que declaró como probado que Osvaldo Vera y Merardo Palacios participaron de los apremios físicos contra los policías Alfredo Cáceres y Jorge López Sosa, además de otras personas; y que el exministro del Interior Walter Bower participó en las torturas registradas en mayo del año 2000, en las sedes de la Marina y la comisaría 11ª de Asunción.

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Tanto Jorge López como Alfredo Cáceres, además de varios agentes de la Policía, fueron torturados para que contaran quiénes fueron los responsables del intento de levantamiento militar contra el gobierno del entonces presidente de la República Luis Ángel González Macchi.

Chicanas sin freno y condena por mora

En julio del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado paraguayo culpable de supuestos hechos de tortura contra López luego del intento de golpe de Estado de mayo del año 2000 y le ordenó pagar una indemnización de 50.000 dólares, más costas y gastos.

Uno de los fundamentos de la sanción aplicada fue justamente que la justicia paraguaya no se expidió en plazo razonable.

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Los antecedentes de esta causa se remontan hasta los días 18 y 19 de mayo del 2000, cuando varios policías acusados de intentar perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi fueron arrestados por sus camaradas.

El oficial Jorge López y otros policías denunciaron haber sido torturados en la sede de la comisaría 11ª Metropolitana en la mañana del 19 de mayo. La sede policial mencionada no era la de la jurisdicción en donde ocurrieron los hechos (microcentro), pero era estratégica porque en esa jurisdicción estaba la residencia de Bower. El comisario Alfredo Cáceres afirmó que el 21 de mayo de 2000 fue torturado por los mismos policías bajo la supervisión de Bower en la sede de la Marina.

El 8 de agosto de 2001 la Fiscalía acusó y pidió juicio oral por tortura y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas sufridas por los ahora querelantes Alfredo Cáceres y Jorge López y también los agentes Higinio Pérez, Emilio López Villalba, Emilio Escurra, Saturnino Gamarra, Fabián Ojeda, Rafael Sosa, Ricardo Báez, Lorenzo Genes, Reinaldo Insfrán y Próspero Arévalo.

En atención a la excesiva duración de este juicio, que ya tiene 24 años de duración, varias víctimas desistieron de accionar e incluso han fallecido testigos y hasta uno de los primeros acusados por el caso, el comisario Basilio Pavón, jefe de la comisaría 11ª en la época.

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Prueba “clave” fue sustraída del juzgado

Entre las pruebas presentadas por la acusación a cargo de la fiscala Sonia Sanguinés y los querellantes Rolando Alum y Carlos Álvarez, se destaca el cuaderno del entonces oficial superior de guardia del Comando de Infantería de Marina. donde consta que el ingreso de los acusados en la noche del domingo 21 de mayo del 2000 a las 21:40 y la salida de los mismos, a la 01:30 del día siguiente.

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Esta evidencia se robó del juzgado penal de garantías en el 2018 y pero una copia autenticada “salvó” la situación.

Tribunal anuló absolución

Tras sortear un sinnúmero de chicanas -solamente la audiencia preliminar se suspendió 16 veces- en 2019 se realizó el primer juicio oral y público en esta causa iniciada el 28 de julio del 2000 con la imputación a Pavón, Palacios y Vera y el 11 de febrero del 2011 con relación a Bower. Este juicio concluyó el 30 de diciembre del 2019 con la absolución de los acusados por “duda”, por decisión de la mayoría.

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Este fallo fue anulado en segunda instancia, motivo por el cual se ordenó la realización de un nuevo juicio, que es el iniciado el 24 de febrero último, actualmente en curso.