El fiscal Luis Alberto Albertini pidió 6 años de cárcel sin embargo el Tribunal de Sentencia solo condenó a dos años y seis meses de cárcel al intendente Víctor Garay.

De forma unánime, los magistrados Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete condenaron al intendente colorado, al quedar comprobado que causó un perjuicio a la citada Comuna de G. 129.372.728, por el pago de dos cheques a la arquitecta Laura Bonet, en concepto de honorarios, sin justificación.

La arquitecta había declarado en juicio que se utilizó su nombre para emitir facturas sin su consentimiento.

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Víctor Garay (ANR) estuvo acusado de administrar de manera desprolija millonarios recursos que recibió el municipio y que debían ser destinados para preservar sitios históricos y culturales. El supuesto perjuicio patrimonial, según la acusación fiscal, fue de G. 2.440 millones en el período fiscal 2022.

Los jueces, tras condenar a Garay por el pago de cheques sin justificar también remitieron a la Fiscalía una porción de hechos para que se investiguen de nuevo los hechos sobre la utilización de G. 2.247.569.949.

Los magistrados cuestionaron duramente al fiscal Luis Albertini, quien sostuvo en su acusación que el daño patrimonial era de G. 2.443.432.795, pero no fueron probados en juicio.

El Tribunal de Sentencia indicó que el fiscal tomó como base de su imputación y posterior acusación el informe final de la Contraloría General de la República, sin realizar ningún tipo de investigación o constatación.

“No hubo un trabajo intelectual del Ministerio Público”, afirmaron los magistrados.

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La presidenta del Tribunal, Elsa García, explicó que se acusaron por 11 contratos de obras comunales que fueron analizados uno por uno.

Dijo que ante la falta de investigación fiscal, por medidas de mejor proveer, incorporaron los contratos y citaron a los contratistas para declarar en juicio.

La jueza indicó que tras analizar cada uno de los documentos y constatar con la declaración de los testigos no se vieron los delitos que el Ministerio Público acusa.

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Sobre los cheques firmados y endosados por el intendente Garay al presidir el Consejo de Desarrollo Municipal, por G. 157.343.807, el Tribunal confirmó que fueron cobrados por el tesorero Jorge González, pero las sumas efectivamente llegaron a los contratistas. También habló de otros contratos, pero en ellos no se hallaron perjuicios acreditados.

El Tribunal de Sentencia dispuso la remisión de los antecedentes al Ministerio Público para que investigue a Sonia Brítez, una ama de casa sin experiencia en construcciones, y a Nilsa Godoy, que tampoco tiene experiencia como contratista. Sin embargo, ambas prestaron “servicio” a la municipalidad.

Asimismo, remitió los antecedentes del funcionario municipal Juan Zayas, por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado y los de Roque Ortiz por supuesto soborno.

Esto, porque Ortiz declaró en el juicio oral que había realizado varios trabajos para la Comuna, por lo que le abonaron por ellos, pero que Zayas le pidió parte del dinero, ya que iban a venir otros proyectos, por lo que le compartió casi el 50% de ese dinero.

Tras dicha declaración, los jueces llamaron a declarar a Juan Zayas, funcionario municipal, quien negó haber recibido ese dinero. Con esto, remitieron los antecedentes para la investigación.

La jueza Elsa García indicó que fue el Tribunal el que constató el monto del perjuicio, equivalente a G. 129.372.728 en los dos cheques.

Argumentaron que hubo concurso de delitos por cada cheque emitido, y dijeron que el marco penal iba hasta los 7 años y medio de cárcel, pero la condena fue de 2 años y seis meses.