Tres años de Peña: Ministros muy cuestionados siguen en sus cargos
Enrique Riera, ministro del Interior; ...
Enrique Riera, ministro del Interior; Claudia Centurión, de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y María Teresa Barán, de Salud Pública, asumieron el 15 de agosto de 2023, en la inauguración constitucional del presidente de la República, Santiago Peña, quien cumple hoy tres años de gestión al frente del Poder Ejecutivo.
Peña mantiene a los citados secretarios de Estado en el cargo, pese a los múltiples cuestionamientos a sus respectivas gestiones.
Sobre María Teresa Barán, pesan múltiples quejas sobre la deficiente administración de la cartera sanitaria, con hospitales sin medicamentos e insumos, centros asistenciales en ruinas y la enorme millonaria deuda con empresas farmacéuticas.
En el caso de Claudia Centurión, titular del MOPC, está en la boca de la tormenta por los cuestionamientos ciudadanos ante el calamitoso estado de varias rutas en el país. También, recientemente, en la Cámara de Diputados sobre todo, fue criticada ácidamente por la falta de gestión. Le llovieron críticas por el proyecto de ley que aprueba el préstamo de US$ 75 millones para la construcción de caminos vecinales.
El vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza, le recomendó “ubicol” a la ministra, que deje el “show” del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar y respete a la Cámara Baja compareciendo ante ellos con su “gracia característica”, en claro tono irónico.
La gestión de Centurión también está golpeada por la deuda a empresas constructoras y vialeras que, según estimaciones, rondaba los US$ 100 millones, mientras que, con el acuerdo alcanzado, el monto a ser abonado sería de aproximadamente US$ 60 millones.
Riera afirma que Paraguay es uno de los países más segurosSobre el senador colorado cartista con permiso, Enrique Riera, pesan cuestionamientos no solo de la ciudadanía, sino de parlamentarios, incluso del Partido Colorado, como fue el caso del legislador y comisario retirado Carlos Núñez Aguero.
Riera, en mayo pasado dijo, sin sonrojarse, que el Paraguay es uno de los países latinoamericanos más seguros y que “seguimos mejorando”. Manifestó que en el primer año del actual Gobierno, el índice de violencia se redujo en un 20%, al igual que en el segundo, en tanto que en lo que va de 2026 habría disminuido en un 8%, en todos los delitos.
Estos auspiciosos datos, que recuerdan que, en marzo de 2023, el entonces candidato presidencial Santiago Peña expresó que el Paraguay tiene un muy bajo índice de criminalidad como el de los países nórdicos.
Tercer año de Peña: marcado por ataques del crimen organizado y la reaparición del EPP
Las noticias diarias; sin embargo, desmienten que el Paraguay sea un país seguro.
El ministro del Interior, que parece vivir en el país de las maravillas, tendría que animarse a recorrer en horas de la noche –sin custodia policial– diversos barrios asuncenos, frecuentados por motoasaltantes y dominados por los “chespis”, que son denunciados con frecuencia.
Pero no solo en la inseguridad ciudadana, el gobierno de Peña está aplazado. También lo está en la lucha contra grupos criminales. En la madrugada de junio de este año, un grupo de más de 20 delincuentes fuertemente armados ejecutó un violento ataque con explosivos contra tres bancos y una casa de cambios ubicados en el centro de Santa Rita (departamento de Alto Paraná).
Hubo un enfrentamiento entre la Policía y los asaltantes, quienes por un momento tomaron de rehén a uno de los uniformados.
Asalto tipo comando a camión con tirzepatida: sospechan filtración o error de cálculo
También, en el inicio de este año, se dieron varios asaltos a camiones que transportaban medicamentos como tirzepatida, medicamentos para la diabetes y el adelgazamiento, entre otros.
Reculada en caso policías exprésEn junio de este año, el Gobierno de Santiago Peña Palacios volvió a recular al informar que, al final, sí habilitará el próximo año al menos 1.000 cupos para el Colegio de Policía pese a que en principio había avisado que hasta el término de este periodo presidencial ya no se iban a admitir postulantes para el curso de “policías exprés”.
El 26 de mayo pasado, el Ministerio del Interior (MI) y la Policía Nacional (PN) emitieron un comunicado en el que “se informa que para el año 2027 no se prevé la realización del proceso de admisión de postulantes al Colegio de Policía Sgto. Aydte. José Merlo Saravia, debido a limitaciones presupuestarias y de infraestructura”.
Esto significaba básicamente que ya no habría nuevas promociones de “policías exprés” y constituyó un duro golpe para miles de jóvenes y sus familiares que se estaban preparando para presentarse como postulantes al Colegio de Policía, donde se estudia para ser suboficial.
Los “policías exprés” fueron una especie de solución que encontraron el presidente Santiago Peña y el ministro Enrique Riera para tratar de paliar el déficit que hay en cuanto a cantidad de policías en nuestro país.
Esta política de gobierno consistió en acelerar el proceso de formación de los suboficiales, que hasta el gobierno anterior egresaban tras dos años lectivos, pero que desde que asumió el actual presidente ya salían a las calles tras solo medio año de instrucción.
Centurión: Falta de gestión y millonarias deudasLa gestión de Claudia Centurión en el MOPC fue golpeada en los últimos meses por la falta de gestión, las quejas de la ciudadanía por el calamitoso estado de las rutas en todo el país y la posición crítica de parlamentarios. La deuda a constructoras y vialeras también hizo tambalear la continuidad de la secretaria de Estado. El punto culminante fue las críticas del entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien la calificó de pésima gestión.
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, afirmó que todavía existe un saldo pendiente de la deuda del Estado con las empresas constructoras, pero destacó que el Gobierno viene cumpliendo con el esquema de pagos acordado. Sostuvo que el proceso permitió reducir paulatinamente el pasivo y dar mayor previsibilidad al sector.
Sarubbi estimó que los intereses que originalmente se adeudaban rondaban los US$ 100 millones, mientras que, con el acuerdo alcanzado, el monto a ser abonado sería de aproximadamente US$ 60 millones.
La deuda total del Estado paraguayo con las empresas constructoras nucleadas en Cavialpa había alcanzado los US$ 360 millones antes del acuerdo de pagos. Ese monto se fue reduciendo con los pagos realizados por el Gobierno.
Otro capítulo en la gestión de Centurión fue su reciente encontronazo con parlamentarios.
La reacción del diputado Hugo Meza (ANR, B) y su “prescripción” de “Ubicol” a la ministra Centurión evidenció aún más la grieta en el cartismo que sigue generando el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo por un monto de hasta US$ 75.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural.
A esto se suma que el senador Ever Villalba (PLRA) denunció posibles indicios de sobrefacturación por US$ 157 millones en 12 obras públicas. Según señaló, en varios procesos el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habría descalificado a la oferta más económica para terminar adjudicando contratos a propuestas cuyos sobrecostos superarían el 80%.
El legislador apunta directamente a la ministra Claudia Centurión y exigió explicaciones. Asimismo, advirtió que, de no recibir una respuesta convincente, los antecedentes del caso serán remitidos al Ministerio Público.
Ruta del Progreso sigue paralizada y los vecinos denuncian un “calvario diario”
Barán y la dramática situación de la salud públicaLa falta de medicamentos e insumos, las demoras en la atención y las dificultades para acceder a tratamientos obligan a numerosas familias paraguayas a recurrir a colectas, préstamos y hasta la venta de sus pertenencias para afrontar los gastos médicos. Así es la situación de la salud pública en el Paraguay.
La continuidad de la ministra María Teresa Barán siempre está en duda, pero el presidente Santiago Peña lo sostiene en el cargo, desde el 15 de agosto de 2023.
Santiago Peña durante su último informe anual de gestión de este año ante el Congreso, reconoció una vez más que la salud pública continúa siendo uno de los principales desafíos de su administración.
“En salud, quiero hablarles con la misma franqueza con la que siempre hablo: es nuestra gran materia pendiente. Soy el primero en decirlo (...) Mientras haya un paraguayo que no sea atendido en su salud me sentiré insatisfecho”, manifestó.
En un reciente reportaje de la cadena británica BBC, recordaron que Paraguay destina alrededor del 4,1% de su PIB al gasto público en salud, por debajo del 6% recomendado como mínimo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para avanzar hacia una cobertura universal.
Destacó además la alta cantidad de personas que dependen del sistema público. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 70% de la población paraguaya no cuenta con seguro médico.
La situación es todavía más crítica en las zonas rurales, donde el porcentaje de personas sin seguro supera el 82%.
BBC indicó que el sistema sanitario paraguayo está compuesto por diferentes sectores. Por un lado, el Ministerio de Salud Pública tiene la responsabilidad de garantizar el acceso universal y gratuito a la atención sanitaria. Por otro, el Instituto de Previsión Social (IPS) atiende a los trabajadores asegurados y a sus familias. A esto se suman los seguros privados y otros sistemas destinados a determinados sectores.
Otro punto en debate es que el sistema sanitario de Paraguay atraviesa uno de los periodos más debatidos y cuestionados de los últimos años. Entre enero y julio de 2026, las redes sociales y los medios de comunicación han reflejado de manera constante una realidad lacerante para miles de hogares: el agobiante “gasto de bolsillo”.
Lea más: Salud pública, deuda que crece
A pesar de los informes oficiales en que se destacan grandes inversiones para la ejecución de nuevos hospitales que el gobierno de Santiago Peña, promete servirán de soluciones a la elevada demanda, la percepción actual en las salas de espera de los servicios del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS) es diametralmente opuesta.
A pesar de que en Paraguay se establece que la salud pública debe ser gratuita, la constante falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales provoca que, en la realidad, recibir atención y tratamientos dependa exclusivamente de los recursos económicos y de la capacidad de endeudamiento que tenga cada familia. Es decir, que en Paraguay solo puede curarse quien tiene dinero.
Chase admite que salud pública es la “mayor deficiencia” del gobierno de Peña
La radiografía del desabastecimiento La crisis en el Instituto de Previsión Social (IPS)Durante los primeros seis meses del 2026 se dejó en evidencia la extrema vulnerabilidad logística de la previsional, que nuclea a cientos de miles de aportantes. Autoridades del seguro social confirmaron que pese a haberse emitidos los certificados de disponibilidad presupuestaría, actualmente el IPS no cuenta con 134 medicamentos por retrasos de los proveedores, cifra que representa aproximadamente el 26% del vademécum de la institución.
A esto se suma una lista de fármacos que están en licitación, un proceso burocrático y que lleva su tiempo, mientras que otros están con retraso de adjudicación debido a las protestas de oferentes.
Mientras, los aportantes del seguro social -aquellos que mes a mes pagan por prestaciones médicas que la institución debe garantizarles- se encuentran desamparados y desesperados. “Desde agosto del 2025 que no me dan mis medicamentos. Soy paciente cardiaco, y para no morirme, tengo que comprar mis remedios cada mes. Gasto alrededor de G. 2.000.000 por remedios que el IPS me tendría que dar”, fue el reclamo que realizó Ramón Cristaldo.
Fracasó nueva tripartita y médicos ratifican huelga desde el 24 de agosto
El Ministerio de Salud Pública (MSPBS)Por su parte, el Ministerio de Salud enfrenta una demanda desbordada debido a la falta de respuesta del IPS. A esto se suma una deuda de US$ 1.000 con las farmacéuticas, según refirió la propia titular de la cartera ministerial, María Teresa Barán.
Según datos oficiales, cerca del 70% de la población paraguaya no cuenta con seguro médico privado ni cotiza en el IPS, por lo que depende exclusivamente de la red pública.
Leite plantea pagar la deuda por medicamentos a 30 años y exige que “rueden cabezas”
“Hoy tenemos un grave problema. El IPS está desabastecido, no está dando respuesta a sus asegurados y estos se vuelcan al sistema de salud pública. Entonces, estamos buscando la manera de dar respuesta, prácticamente al 97% de la población paraguaya”, afirmó Barán recientemente.
