La semana pasada, los trabajadores mantuvieron bloqueado durante dos días el acceso a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), en la zona primaria del Puente de la Amistad. Exigen que se evite la aplicación de una normativa brasileña que prohibiría a camiones de mediano porte realizar transporte internacional de mercaderías entre Foz de Yguazú y Ciudad del Este.

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Ever Rodríguez, representante de la Asociación de Transporte de Cargas Internacionales (ATCI), confirmó que la reunión bilateral será el 2 de diciembre en Brasilia, por lo que resolvieron dar una tregua a las protestas.

“Se fijó una reunión para el 2 de diciembre; con base en eso iremos viendo qué hacer. El diálogo es la mejor forma de llegar a un acuerdo. Se declara una tregua en las manifestaciones. Pedimos la participación de todos los parlamentarios de Alto Paraná, porque esto es una cuestión social”, expresó.

Por su parte, Manuel González, jefe de Gabinete de la Gobernación de Alto Paraná, explicó que los fleteros se encuentran preocupados por los nuevos requisitos que pretende exigir la Receita Federal del Brasil a quienes trabajan con importaciones menores.

“La semana pasada se manifestaron en la cabecera del Puente de la Amistad. Convocamos a una reunión para hoy a las 11 y aceptaron. La Cancillería Nacional solicitó a sus pares de Brasil una reunión para el 2 de diciembre y ya obtuvimos respuesta inmediata. Tendremos una tregua por lo menos hasta esa fecha”, señaló.

En la reunión participaron representantes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), la Gobernación de Alto Paraná y la Municipalidad de Ciudad del Este, además de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

El conflicto se inició por la intención de Brasil de implementar un nuevo régimen de transporte internacional desde el 16 de marzo de 2026, que dejaría fuera de la actividad a los fleteros de despacho menor.

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La preocupación de los transportistas aumentó tras una audiencia pública en la Cámara de Diputados del Brasil, donde algunos gremios brasileños solicitaron la aplicación de la nueva normativa.