Este miércoles, Día Nacional contra la Trata de Personas, CHS Alternativo recordó en un comunicado que el Estado cuenta desde 2021 con una Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, pero persisten brechas que limitan su implementación.

En este sentido, la organización ha identificado varios pendientes prioritarios, como crear el programa presupuestal multisectorial, que según la legislación vigente debe estar orientado a resultados para implementar las políticas frente a la trata de personas.

Sin embargo, el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, advirtió que han pasado más de siete años y esta obligación sigue pendiente.

Valdés añadió que la ausencia de este programa limita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar el delito, así como para garantizar servicios adecuados de protección y recuperación para las víctimas.

Lea más: Desbaratan red de trata en Perú tras aviso de una joven paraguaya a su madre

Garantizar recursos para trata

Otro de los pendientes del Estado para reducir esta problemática es garantizar recursos para implementar la Política Nacional al 2030, pues un estudio realizado a pedido de CHS Alternativo en 2023 estimó que se requieren al menos 1.159 millones de soles (343 millones de dólares) para ejecutar adecuadamente las acciones previstas en dicha política.

Pero el presupuesto destinado en los últimos años representa apenas el 1 % de ese monto y de los 17 servicios previstos para la atención y reintegración de las víctimas, solo cuatro recibieron asignación presupuestal específica, lo que limita la disponibilidad de servicios especializados.

Por otro lado, CHS indicó que pese a que hace tres años se publicó una ley para que los establecimientos que brindan acceso a Internet en espacios públicos cuenten con registros y filtros que impidan que niños y adolescentes accedan a contenidos pornográficos y violentos, esta no se ha reglamentado.

“Sin esta reglamentación, las municipalidades y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) enfrentan limitaciones para fiscalizar el cumplimiento de estas medidas y sancionar a los establecimientos que las incumplan”, añadió CHS.

Explotación y trabajo forzoso

La organización sostuvo que la trata de personas no se limita a la explotación sexual, pues el trabajo forzoso también es una finalidad de la trata y puede presentarse en actividades vinculadas a economías ilegales, como la minería ilegal, donde las personas pueden ser captadas con falsas ofertas de trabajo y ser sometidas a condiciones precarias y amenazas.

CHS recordó que existe legislación para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo forzoso, pero persisten brechas en la detección, fiscalización, registro e investigación, especialmente en zonas alejadas y con limitada presencia del Estado.

Ante los pendientes, Valdés señaló que una política nacional y normas específicas no son suficientes si no están acompañadas de presupuesto, servicios especializados y mecanismos efectivos de seguimiento.

Lea más: Le prometieron trabajo en Brasil, pero terminó atrapada en una red de trata

“Necesitamos una estrategia nacional de prevención validada que articule las acciones del Estado, establezca prioridades y permita medir resultados. Para que esta respuesta sea efectiva, también se requieren recursos suficientes y sostenidos para implementar las medidas previstas y garantizar servicios especializados”, subrayó Valdés.