"Barros con contenidos metálicos" fue la etiqueta con la que la minera sueca Boliden envió a la chilena Promel más de veinte mil toneladas de residuos tóxicos entre 1984 y 1985, con la justificación de que serían reprocesados en una inconclusa recuperación de oro y plata.

Desde entonces, uno de los pocos logros de los afectados por la contaminación ha sido la Ley de Polimetales, aprobada en 2012 en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que ofrece seguimiento de salud, apoyo educativo y el realojamiento en zonas más seguras, entre otras medidas.

Con el apoyo de esa Ley, Diego estudió en la Universidad de Chile y dedicó su tesis de grado al tema que lo rodeó mientras creció en Arica, y con la cual quiere reabrir el debate sobre qué tan solucionada está la crisis ambiental por la presencia de metales tóxicos en el suelo ariqueño.

"En su momento se encontraron suelos contaminados, se hicieron las remediaciones, pero no sabemos si funcionaron o no, es importante saber cómo está actualmente la ciudad en cuanto a su concentración de metales pesados, con un estudio como el que se hizo en su tiempo", expuso a EFE Ayala, quien dimensiona que el suyo contó con 17 muestras, en comparación a las más de 300 de la intervención estatal que se hizo en 2009.

Ayala describe su investigación -publicada en la revista científica alemana 'CLEAN: Soil, Air, Water'- como un estudio exploratorio que, debido a su alcance, no es concluyente respecto a la proveniencia de estos elementos, aunque da cuenta de focos compatibles con el legado de los residuos importados.

"Es la primera piedra para poder abrir alguna puerta a que, más adelante, las universidades y el Estado se vuelvan a interesar en este tema y se puedan hacer estudios más profundos para ver verdaderamente cómo se encuentra la ciudad", enfatizó.

Algunos de los metales hallados tienen relación con fuentes modernas de contaminación, "pero el zinc, plomo y arsénico, demostraban ligeramente una distribución geográfica distinta y se asociaban a dónde se habían depositado estos residuos hace 30 años", explicó a EFE Carlos Manzano, académico de la Universidad de Chile.

El cargamento de metales quedó al aire libre cerca de la población de Sica Sica, en un sector donde en 1989 se construyeron viviendas sociales para familias vulnerables que conformaron las poblaciones de Cerro Chuño y Los Industriales.

Con el crecimiento de la ciudad, miles de personas quedaron expuestas a altas concentraciones de elementos tóxicos y fue apenas en 1996 que estalló la crisis conocida como 'caso Polimetales'.

Se declaró, en su momento, una emergencia sanitaria y ambiental que implicó el retiro del vertedero, relocalización de familias afectadas, recursos judiciales e incluso la presentación de una demanda indemnizatoria en Suecia.

"Los niveles de contaminación que encontramos son más altos, en muchos casos, que varias guías internacionales. En Chile no tenemos una norma nacional de calidad de suelos, entonces nos vemos forzados a comparar esto con normas internacionales que tienen una realidad distinta", agregó Manzano.

Diego llegó a Sica Sica en 2007 y, aunque vivía cerca de la zona contaminada, no estar directamente sobre esos suelos permitió que su salud no se afectara y que los exámenes que se realiza anualmente desde 2014 no muestren rastro de metales tóxicos.

En las poblaciones de Los Industriales y Cerro Chuño, en cambio, hay personas que han padecido todo tipo de enfermedades sin saber con certeza qué las provocó, pero con la exposición directa y prolongada a los residuos tóxicos como elemento común.

Solo Cerro Chuño, construido directamente sobre los residuos, fue declarado inhabitable, pero el abandono de las viviendas permitió que entre 2020 y 2025 fueran ocupadas ilegalmente en su mayoría por inmigrantes irregulares.

Recién a partir de julio de 2026 se iniciaron algunos desalojos y la demolición de las primeras viviendas, en un proceso establecido por etapas.

Expertos en derechos humanos de la ONU alertaron en 2021 que "doce mil personas se han visto afectadas por los residuos, y muchas han perdido la vida". El informe recoge patologías como cánceres de distinto tipo, dolores articulares, dificultades respiratorias, abortos y defectos de nacimiento.

Aunque la Ley de Polimetales ofrece seguimiento de salud, muchos afectados no lo reciben y en 2019 se conformó la fundación 'Mamitas del Plomo', con madres de niños que presentaron afectaciones de salud y no están dentro de la compensación por nacer después de 2012.

Esa organización presentó una demanda contra el Estado de Chile en 2024, en la que acusa inactividad e incumplimiento de obligaciones legales frente a la persistencia de polimetales en Arica. El proceso se encuentra en trámite en el Primer Tribunal Ambiental, con lo que la solución definitiva sobre esta crisis sigue siendo un debate pendiente.