Tras la destitución del intendente Prieto, la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC) y con amplia mayoría cartista, retomó el orden del día de la sesión ordinaria siendo el punto más importante el tratamiento del polémico proyecto de ley de Protección de Datos Personales.

Dicha iniciativa, fue desvirtuada en su propuesta original que surgió de la sociedad civil. Uno de los artículos más importantes es el N° 24, que con el texto vigente pone numerosos obstáculos burocráticos a la ley de Acceso a la Información Pública respecto a los datos de los funcionarios, lo que “mata” el real objetivo de la iniciativa legislativa y frena la transparente, que supuestamente es la bandera de lucha del cartismo.

Alertan sobre intento de “matar” la ley de Acceso a la Información Pública

Sin embargo, los voceros de comisiones controladas por los cartistas, abogaron por la aprobación del proyecto en su versión de la Cámara de Senadores.

A su turno, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) repudió la iniciativa que pretende ocultar los ingresos de los funcionarios públicos. Urgió que cualquiera sea la versión aprobada, la de Diputados o la del Senado, el presidente de la República Santiago Peña vete el artículo N° 24.

Los cartistas, cuyo vocero fue José Rodríguez (ANR, HC), retiró su moción por la aprobación de la versión Senado y pidió la postergación por ocho días, lo que fue aprobado sin debate.

En principio, la ley de protección de datos personales buscaba regular el manejo de información sensible de la ciudadanía, pero el proyecto que finalmente se impondría concede poder discrecional al Ejecutivo, al dejar gran parte de la regulación a la reglamentación.

Buscaba reglar el uso de información disponible en línea, que van desde datos de tráfico hasta los de identidad, no solo digital, sino también biométricos (huella dactilar, iris, etc.) pero todo se desvirtuó.