El exdiputado colorado Orlando Arévalo (HC), a través de una solicitud de “auxilio judicial presentada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos. solicita al juez penal de garantías de turno acceder a la carpeta fiscal de la investigación abierta a partir de la comunicación realizada por el juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal Troche.

Legal comunicó a la Fiscalía que de la extracción de datos de los celulares del fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, surgen indicios de supuestos hechos punibles como tráfico de influencias, coima, lavado de dinero, asociación criminal, entre otros.

Precisamente Arévalo es protagonista de varias conversaciones con Lalo Gomes vía WhatsAppp, en las que el entonces miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) “operó” para salvar a fiscales y jueces “amigos” para que no sean removidos.

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Fiscalía rechazó petición de Orlando Arévalo

En su presentación, Duarte relata que el 6 de febrero de 2025 solicitó al Ministerio Público copia del cuaderno de investigación fiscal N° 5/2025, caratulado: “Personas innominadas sobre tráfico de influencias y otros”, pero esta petición fue rechazada por los agentes fiscales Luis Piñánez, Francisco Cabrera y Verónica Valdez, a través de la resolución fiscal N° 03/2025 del 11 de febrero de 2025.

El 14 de febrero, el abogado de Arévalos impugnó dicha resolución ante la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal, quien el 19 de febrero le comunicó que la impugnación da la resolución cuestionada no es procedente.

La postura del Ministerio Público está basada en lo establecido en el Artículo 322 del Código Procesal Penal (CPP), referente al carácter de las actuaciones. El artículo de referencia establece lo siguiente:

“La etapa preparatoria no será pública para los terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o a través de sus representantes.El Ministerio Público podrá disponer las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar indicios de prueba en los lugares donde se investigue un hecho punible, a fin de evitar la desaparición o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el estado de la investigación y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que puedan discernir la aceptación del caso. Las partes y los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionada conforme a las disposiciones previstas en este código o en los reglamentos disciplinarios”.

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Argumento de la defensa de Orlando Arévalo

“Esta posición del Ministerio Público es errónea porque la interpretación que le otorga la norma no se ajusta al espíritu de la ley y además es contradictoria”, argumenta Duarte Cacavelos, al alegar que el artículo mencionado no prohibe a los agentes fiscales otorgar copias a la defensa y que además, el Ministerio Público está obligado a informar sobre sus actuaciones.

En otra parte de su presentación, Duarte afirma que “ya quedó demostrado ante la opinión pública, gracias a la temeraria conducta del Juez Penal de Garantías que conoció del supuesto hecho punible (y que derivó en una denuncia penal en su contra por prevaricato) que existen innumerables indicios sobre las presuntas comisiones de hechos punibles entra las que están las que se sindicadan al señor Orlando Arévalo. Entonces, no basta que el Ministerio Público explique en que consiste la denuncia en términos generales. Pero ni siquiera eso pasó”.

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Finalmente, el abogado Duarte cuestiona además la falta de explicación por parte de la Fiscalía a la defensa sobre los hechos investigados y solicita al juzgado hacer lugar al auxilio judicial requerido y ordenar al Ministerio Público expedirle una copia de sus actuaciones, a costas de la defensa.

La presentación de Arévalo fue derivada al juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos a cargo de Rodrigo Estigarribia.