El pleno de la Cámara de Senadores tratará este miércoles un proyecto de declaración que insta a la Contraloría General de la República a denunciar ante el Ministerio Público las presuntas irregularidades detectadas en la habilitación, fiscalización y funcionamiento de carreras de educación superior.

La iniciativa fue presentada por la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, y busca que los antecedentes y hallazgos de la auditoría de cumplimiento realizada al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), correspondiente al periodo 2023-2026, sean remitidos a la Fiscalía para determinar si existen responsabilidades penales.

Contraloría detectó 1.711 carreras sin acreditación vigente

La exposición de motivos del proyecto advierte sobre la magnitud de los hallazgos preliminares de la Contraloría, que identificó 1.711 carreras de evaluación obligatoria que se encontrarían sin acreditación vigente.

Del total, 1.584 carreras no habrían ingresado al proceso de acreditación, mientras que otras 127 tendrían la acreditación vencida.

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A esto se suma la existencia de carreras con habilitaciones condicionales vencidas que presuntamente habrían continuado funcionando sin la correspondiente regularización.

Para la proyectista, estos hechos no se limitarían a deficiencias administrativas, sino que requieren esclarecer cómo se produjeron las irregularidades, quiénes tenían a su cargo las obligaciones de control y si hubo conductas u omisiones que pudieran generar responsabilidades.

¿Qué pide el proyecto sobre el Cones?

El documento plantea instar a la Contraloría a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y remitir los antecedentes de la auditoría, con el objetivo de que la Fiscalía determine si existen hechos punibles y eventuales responsables.

La iniciativa se sustenta en el artículo 283, numeral 7, de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del contralor general de la República la denuncia ante la justicia ordinaria de los delitos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

También invoca el artículo 9, inciso g, de la Ley N.º 276/94, Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República. La exposición de motivos sostiene que los antecedentes deben ponerse a disposición del Ministerio Público con inmediatez.

El impacto en estudiantes y profesionales

El proyecto advierte que las presuntas irregularidades afectan la confianza ciudadana en la educación superior y en la validez de los títulos expedidos por las instituciones educativas.

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La preocupación alcanza a estudiantes y sus familias, así como a los profesionales y a la sociedad en general, debido a las condiciones en que se forman quienes posteriormente ejercerán profesiones con incidencia en la vida pública y privada.

La iniciativa apunta, por tanto, a que las instituciones competentes no se limiten a identificar las anomalías administrativas, sino que también esclarezcan si hubo responsabilidades individuales en los mecanismos de habilitación y control de las carreras.