En declaraciones a radio 102.5 FM Itapúa, este fin de semana, el superfuncionario Hermenegildo Cohene —quien además de viceministro ejerce como titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y es rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)— adoptó una postura totalmente defensiva al ser consultado sobre la realidad de los diplomas apócrifos que pululan en el país.

En lugar de ofrecer explicaciones sobre los mecanismos que permitieron la proliferación de estos diplomas fraudulentos en la educación superior, Cohene prefirió apuntar a supuestos intereses externos que buscan empañar la gestión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al referirse a los 138.000 casos de documentos de dudosa autenticidad que fueron entregados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y al informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Sin atisbo de autocrítica, sostuvo tajantemente en la entrevista que las revelaciones sobre el fraude en la educación superior no son más que un ataque teledirigido. “Yo sé que es de mucho interés de la ciudadanía el tema de los 138.000 títulos sin fundamentos y quiero darle esa tranquilidad a la sociedad, de que forma parte de una estrategia inclusive que se está utilizando para dañar la imagen institucional del Ministerio de Educación”, afirmó.

Cohene apuntó directamente contra la Contraloría. Al referirse a la nómina de sospechas, el viceministro arremetió: “Esa lista se socializó desde una conferencia de prensa que hizo de manera conjunta el contralor general del Estado (Camilo Benítez) y el senador que está encabezando el equipo de investigación (Patrick Kemper). Esa lista que se socializó, que daña a muchísima gente inocente, cada institución ya lo está rebatiendo, acercando las evidencias de que las informaciones son falsas”, dijo.

Las lapidarias cifras que exponen el caos y que el presidente del Cones intenta minimizar

Frente a la narrativa oficial de que las denuncias buscan “dañar al MEC”, los informes técnicos de control y los cruces masivos de datos revelan un colapso operativo durante la gestión de Luis Ramírez al frente de la cartera educativa y del Cones:

18,7% de expedientes con anomalías graves: Una muestra de 1.766 legajos de apenas seis universidades dejó al descubierto cómo el MEC avaló formalmente 331 títulos portadores de vicios severos, tales como mallas curriculares con cargas horarias deficientes, trayectos formativos sin habilitación vigente y 147 diplomas del área médica desprovistos de validación en sus prácticas hospitalarias.879 carreras irregulares sin castigo alguno: Entre 2023 y mediados de 2026, el Cones optó por la parálisis absoluta al no ejecutar ni una sola medida de intervención, clausura o castigo, permitiendo la vigencia de esta masiva cantidad de ofertas obligadas a acreditarse —incluyendo casi dos centenas enfocadas en Ciencias de la Salud— sumadas a más de medio centenar de permisos condicionados ya caducados.1.090 títulos fantasma en la función pública: Un masivo cotejo de bases de datos expuso que 1.082 agentes estatales ostentan credenciales que las propias casas de altos estudios catalogan como inexistentes en sus archivos, recayendo nueve de cada diez de estas falsificaciones directamente sobre la órbita del MEC.

Frente a esta montaña de evidencias sobre el colapso en el control y la masiva proliferación de documentos apócrifos, se encendieron las alertas y otros organismos del Estado no tardaron en emitir una tajante réplica.

Aneaes desbarata coartada de Cohene y denuncia “caja de recaudación” en el MEC

Frente a los intentos del viceministro por desacreditar los informes, el presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, aclaró que es necesario separar el informe de Contraloría y el informe técnico de la Aneaes. “Nosotros, en el marco de nuestro convenio con el Ministerio Público, remitimos un informe técnico sobre la cantidad de titulaciones que realizó en los últimos tres años el Ministerio de Educación procedentes de carreras no acreditadas. Eso es datos abiertos, no hay nada discutible”.

Remarcó que cualquier ciudadano puede cruzar los datos abiertos del Estado y enfatizó que “si están mal, es responsabilidad del MEC”. Aclaró que no todos los títulos no acreditados son apócrifos, aunque en esa gran cantidad “puede haber indicios”, revelando que “una universidad que no tiene Medicina tituló a casi 22 médicos”.

Asimismo, el titular de la Aneaes se ratificó en que la Dirección de Registro de Títulos del MEC “ha funcionado históricamente como una caja de recaudación ilegal para financiar proyectos personales o políticos, y yo espero que el viceministro acabe de una vez con esa realidad”, advirtiendo la dificultad de sanear el sistema mientras “la misma rosca siga en puestos clave”.

Por último, Duarte Penayo enfatizó que la gravedad de la crisis en la educación superior exige medidas urgentes para proteger el valor del diploma y evitar que haya más personas estafadas. En ese sentido, subrayó que la aplicación de “sanciones ejemplares para las instituciones que incumplen con la ley es responsabilidad del Cones y de sus instrumentos legales para intervenir”, interpelando directamente al organismo que encabeza el propio Cohene.