Un bochorno sin precedentes podría calificarse la reunión de la mesa directiva del Senado durante la participación del actual presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, quien no pudo responder ni refutar los groseros “regalos” de tierras fiscales en inmediaciones del futuro puente internacional del Corredor Bioceánico.

Ruiz Díaz, sin entregar documento alguno, simplemente se centró a culpar a administraciones anteriores de las adjudicaciones y citar artículos del Estatuto Agrario hasta inexistentes.

Una de las explicaciones más repetitivas por el titular de la institución agraria era que las adjudicaciones de los tres inmuebles en Carmelo Peralta, Alto Paraguay, se hicieron en 2020. Sin embargo, resoluciones y copia de seguimientos de cada uno de los expedientes en poder de ABC derrumban esta narrativa.

La fracción de 29 hectáreas, identificada con el Padrón Nº 312, por ejemplo, fue adjudicada a Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal el 10 de mayo de 2024, a través de la resolución Nº 740, firmada por Ruiz Díaz. Según ese documento, Ruiz dejaba sin efecto una disposición del 2 de junio de 2021 por la cual se fraccionaba el predio y se entregaban 12 hectáreas a la Dirección Nacional de Aduanas (hoy parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT), mientras que las 17 hectáreas restantes quedaban para el empresario ligado al sector naviero.

Ruiz Díaz prefirió, sin embargo, retrotraer todo y entregar la totalidad a Ehreke Irrazábal pese a una sentencia del Tribunal de Cuentas en la cual se confirmaba la resolución del ente agrario para beneficiar a Aduanas; es decir, el titular del Indert, además de buscar instalar una mentira, incurrió en un abierto desacato judicial.

El otro predio con Padrón Nº 311, que tenía 60 hectáreas y 40 de las cuales eran pretendidas por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), fue entregado mediante resolución Nº 1.215 del 23 de agosto de 2024, también firmada por Francisco Ruiz Díaz. Esta adjudicación se hizo en tiempo récord, atendiendo que en cuestión de ocho meses el expediente tuvo un movimiento inusual.

Incluso, Ruiz Díaz, para beneficiar a Marlene Oviedo Rodríguez, una joven de 24 años, desechó otros pedidos, como del 2010 de Wanesa Rossatti Spencer, cuyo padre, Sebastián Spencer, un piloto con vínculo narco se identificó en 2022 como cuidador de ese lote fiscal. A esto se suma que existía otro trámite del año 1991 en el cual aparece como beneficiado un poblador de Carmelo Peralta, identificado como Marcos Ávalos Monteiro.

En el último caso, de las 2,7 hectáreas (Padrón Nº 313), Ruiz Díaz firmó la resolución de adjudicación Nº 1.047 el 14 de junio de 2024. Como beneficiada aparece Alba Marlene Rodríguez Escobar, quien un año antes vendió un terreno contiguo de 12 hectáreas a la empresa portuaria Sarcom, en la que uno de los accionistas es el actual ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

El dato revelador es que Ruiz Díaz, en su disposición, introdujo que él mismo verificó in situ las “mejoras” y “ocupación” de Rodríguez Escobar en el lote fiscal; en otras palabras, cae por tierra la versión de que no conocía a los beneficiados con las tierras fiscales. Sin embargo, lo más contradictorio es que la certificación del presidente del Indert se hizo a una persona que también presentó al ente agrario un pedido para continuar con el arrendamiento de 400 hectáreas en Paso de Patria (Dpto. de Ñeembucú).

La distancia entre Carmelo Peralta (Chaco) y Paso de Patria (Ñeembucú) es de casi 1.000 kilómetros.

El presidente del Indert utilizó también argumentos que hacían referencia al Estatuto Agrario, como la ocupación efectiva de dos años de los lotes fiscales, usando ese argumento para sacar la adjudicación a Aduanas. Lo llamativo es que en la ley 1863/2001 “que establece el Estatuto Agrario” no se menciona ese plazo (quizás el artículo esté escondido).

Más sugestivo es que dicha norma solo habla de la falta de pago de anualidades por parte de adjudicados en el marco de la reforma agraria. Sin embargo, en el caso de Aduanas la resolución de 2021 señalaba que la fracción de 12 hectáreas era a título gratuito en cumplimiento del artículo 59 del Estatuto Agrario.

Por otro lado, Ruiz Díaz repitió que el precio de G. 585.000 por hectárea para la adjudicación es parte de una tabla de valores de 2013 para beneficiarios de la reforma agraria. No obstante, el titular del Indert olvidó contar que el artículo 14 de la Ley 2.419 que crea el Indert establece las atribuciones de la presidencia, con dictamen vinculante y acuerdo de la Junta Asesora y de Control de Gestión, haciendo referencia a venta de inmuebles de la institución agraria.

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, presentará mañana un proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a suspender toda adjudicación de tierras fiscales en la Región Occidental hasta que sean actualizados los precios básicos de las fracciones fiscales. La propuesta apunta a corregir un “desfasaje crítico” en los valores de referencia utilizados por el Indert, vigentes desde la resolución Nº 866/2013, normativa que fijó los precios de venta de las tierras fiscales del Chaco hace más de una década. La presentación se hará tras el escándalo en el cual se conoció como la institución agraria “regaló” cuatro inmuebles en el Chaco, en la zona de influencia del Corredor Bioceánico. Tres de los lotes fiscales están en las cercanías al futuro puente internacional y eran pretendidos por instituciones públicas, como la Aduanas, ANNP y la Municipalidad local.