Es una de las seis causas que tiene abiertas el europarlamentario en el alto tribunal español por diversos motivos. En tres de ellas, el instructor ya había solicitado el suplicatorio a la Eurocámara para proceder contra él.

De los otros tres suplicatorios cursados, dos ya fueron concedidos: el que le investiga por presuntos delitos de financiación ilegal del partido Se Acabó la Fiesta (SALF), por el que se presentó a la Eurocámara, y por delito electoral; y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia (este de España), Susana Gisbert.

El tercero se refiere a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF, recuerda el Supremo.

En el caso del alcalde de Algeciras, el instructor del caso avala que se le retire la inmunidad porque los hechos que relata la querella que interpuso el regidor se refieren a diversas declaraciones y manifestaciones vertidas por el investigado en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como '@Alviseperez'.

En esos "mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante", el político "instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos", desde supuestos delitos sexuales a supuestas irregularidades en el Consistorio.

El juez instructor encargado de investigar el caso determina que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones o, alternativamente, de amenazas condicionales, según el Código Penal español.

Además de las cuatro causas en las que se pidió el suplicatorio al Parlamento Europeo, Luis 'Alvise' Pérez tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo español: una por la presunta difusión de una prueba falsa de covid del exministro de Sanidad y hoy presidente regional de Cataluña, Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos con relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

Los casos contra Alvise Pérez los lleva el Tribunal Supremo al ser europarlamentario, por lo que goza del llamado aforamaiento, una figura legal española que tienen los representantes legislativos y otros altos cargos para proteger su independencia y garantizar que no sufran presiones.