El Supremo estudiará el caso tras la petición del Gobierno de Donald Trump de revisar el fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, Luisiana.

Esta corte determinó que la prohibición contraviene dos disposiciones constitucionales: una que faculta al Congreso para establecer y recaudar impuestos y otra que le otorga la potestad de dictar todas las leyes necesarias y adecuadas para el ejercicio de sus competencias.

El tribunal federal dictaminó que el veto a las destilerías domésticas excede la potestad tributaria del Congreso porque impide la producción de bebidas alcohólicas que podrían generar ingresos y rechazó el argumento del Gobierno de que la prohibición sirve para prevenir la evasión fiscal.

La prohibición federal se aprobó después de la Guerra de Secesión, en medio de la lucha del Gobierno contra el fraude fiscal relacionado con la elaboración de alcohol en el país. Impide instalar destilerías en viviendas y espacios anexas y afecta la producción de bebidas como el whisky o la ginebra.

Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 10.000 dólares y penas de prisión de hasta cinco años, o ambas.

La demanda en contra de la legislación fue presentada en 2023 por la Asociación de Destiladores Aficionados y cuatro de sus miembros, que buscan el derecho a destilar alcohol en sus propios hogares.

Se prevé que los magistrados de la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6-3, escuchen argumentos sobre el caso a principios de 2027 y emitan una decisión antes de la conclusión de su periodo de sesiones actual, a fines de junio o inicios de julio del año próximo.

Este mismo lunes, el Supremo rechazó analizar la apelación del presunto "cerebro" de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohamed, y dos de sus coacusados contra la anulación de acuerdos que les habrían evitado la pena de muerte.