Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, no deja de sorprender, y no solo por su llamativa preferencia por recurrir a un procedimiento especial para la compra de gasoil, con el cual evita transparentar los procesos, sino que también incurre en notables “errores” a la hora de remitir los documentos de este tipo de compras a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Tal fue el caso de la contratación urgente que realizó la estatal para la compra de diésel a la firma uruguaya Ormalor S.A.S., representada por Andrés Mariano Estévez Ruibal, con la cual la estatal firmó dos contratos con diferentes representantes legales, según se desprende de los documentos publicados en el portal.

Dicha empresa debe proveer 40.000 metros cúbicos de carburante por US$ 26.380.000 a la petrolera pública. El proceso de contratación se aceleró ante el posible fracaso de la compra del carburante a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, cuyo contrato vence este viernes 28 de febrero, tras una tercera prórroga otorgada por Petropar.

La existencia de dos contratos rubricados por Petropar con Ormalor S.A.S. fue advertida por la DNCP el 18 de febrero pasado, tras una verificación que realizó de los documentos remitidos y publicados en el portal, a casi un mes de la firma de los contratos. Antes de esta observación, el 10 de febrero, Contrataciones Públicas también advirtió a Petropar que el firmante del contrato no coincidía con el representante legal registrado por la empresa en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas).

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“Se observan inconsistencias de datos en los documentos remitidos. Considerando que se han publicado dos documentos contractuales correspondientes al mismo procedimiento de compra, pero con encabezados cuyos datos difieren entre sí, se recuerda que la formalización de la compra se realiza por un contrato único. Por lo tanto, se consulta el motivo por el cual se han suscripto dos contratos con las discrepancias mencionadas”, observó la DNCP a Petropar.

En una nota de respuesta que Petropar dio Contrataciones Públicas el 19 de febrero, con la firma de Héctor Fabián Salinas, titular de la Dirección Operativa de Contrataciones, la estatal destacó: “Se informa que, por un error involuntario, fue remitido un documento denominado contrato en fecha 05 de febrero de 2025. Sin embargo, dicho documento es inválido. El contrato final suscrito con el proveedor es el Contrato PR/EJ/004/2025 de fecha 22 de enero de 2025, publicado en fecha 18/02/2025. Solicitamos a la DNCP, a los efectos de evitar confusiones, mantener público solo el contrato correcto”.

Llama la atención que Petropar haya remitido dos contratos a la DNCP, donde se hizo figurar a diferentes representantes de Ormalor S.A.S. A raíz de esto existen sospechas de que en este tipo de compras, con publicación posterior de los documentos, la estatal estaría cambiando los documentos oficiales según surjan los cuestionamientos u observaciones.

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En el primer documento remitido, hicieron figurar como responsable de Ormalor a Alberto Tomás Caballero Sánchez, quien no figura como representante de la compañía en el SICP, como observó inicialmente la DNCP. En el segundo documento ya apareció Andrés Mariano Estévez Ruibal, quien sí figura en el registro oficial. Ambos contratos tienen la misma fecha del 22 de enero pasado.

Lo concreto es que el apuro en este tipo de compras ha llevado a la estatal a cometer notables “errores”, como la firma de dos contratos para una misma compra y con diferentes representantes legales. Justamente, la administración de Jara ha demostrado una llamativa preferencia por recurrir a un procedimiento especial de llamado a licitación para la compra de gasoil.

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Con esta modalidad, la petrolera pública ha logrado poca transparencia en el uso de recursos públicos, ya que ha evitado la publicación de los documentos de adquisición antes de la firma del contrato e, incluso, los ha ocultado hasta mucho tiempo después de dicho acto administrativo. Además, en este tipo de procedimientos ni siquiera evalúa la capacidad financiera o técnica de las empresas, como exige la ley, y permite la presentación de simples declaraciones juradas como garantías de mantenimiento de oferta o fiel cumplimiento del contrato, en vez de una póliza o garantía bancaria real.

La estatal no ha salido a explicar a la opinión pública los detalles de estos llamados “especiales” para compra de gasoíl. En consecuencia, este diario no ha podido acceder a la versión oficial de la empresa pública, así como tampoco a las fechas de recepción de productos, sistema de verificación de trazabilidad del mismo, etc.