“No solo sumas multimillonarias en dólares y efectivo en el quincho de la residencia presidencial. De confirmarse los hechos, constituyen conductas delictivas serias”, comenzó advirtiendo Rafael Filizzola, que enfatizó que la Fiscalía debería iniciar “de oficio” una investigación.

El senador opositor insistió con que el presidente Peña debería ser el principal interesado en aclarar no solo sobre los presuntos “sobres”, sino también sobre la serie de presuntos abusos –que incluso serían ilegales– contra los exfuncionarios a su cargo y que hicieron pública su denuncia ayer.

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“Someter a polígrafo a civiles es lesivo de los derechos más básicos; además, da cuenta de la utilización de personal e infraestructura del Ministerio de Defensa, por fuera de un proceso. Sin olvidar la violación de derechos laborales a la trabajadora privada de la familia Peña-Ocampos, devenida en funcionaria pública. Viejas prácticas conocidas”, señaló Filizzola.