Así lo informó la Autoridad de Transporte Terrestre de la próspera ciudad-Estado en un comunicado, en el que también anunció sanciones de hasta 5.000 dólares singapurenses (unos 3.920 dólares) para "los delitos más graves", como causar obstrucción, peligro o "ensuciar cualquier parte de un autobús público, intercambiador de autobuses o terminal".

Las nuevas regulaciones, anunciadas el lunes, "convertirán en delitos" "las molestias y el comportamiento disruptivo" con la intención de "fomentar" el respeto "entre los pasajeros".

Singapur, la economía más avanzada del Sudeste Asiático, presume de uno de los sistemas de transporte público más modernos y controlados de la región, con una red de metro y cercanías que dispone en estaciones y vagones de innumerables cámaras de vigilancia.

En el país, delitos como "el vandalismo" se castigan con hasta tres años de prisión y ocho latigazos, mientras la venta de chicle está prohibida por considerarse "daño público".

Gobernado de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia de Malasia en 1965, Singapur tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo y cuenta con estrictas normativas también para delitos como el narcotráfico, que castiga con hasta la horca.