Sobre el último caso, como suele ocurrir, la agencia antinarcóticos de Singapur publicó una breve nota de prensa en la que confirma el ahorcamiento y asegura que al hombre "se le garantizó el debido proceso y contó con representación legal durante el juicio y la apelación".

El texto señala también que las peticiones de clemencia del condenado al presidente de la isla -gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965- "fueron denegadas".

"La pena capital se impone únicamente para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los consumidores, sino también a sus familias y a la sociedad en general", concluye el escrito.

La nación asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.

Los ahorcamientos, el método que emplea Singapur, aumentaron en 2025 -15 confirmados por las autoridades, mientras las ONG hablan de 17-, superando el récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.

En lo que va de 2026, según la agencia nacional antinarcóticos, 12 ciudadanos de Singapur y tres de la vecina Malasia -con edades que oscilan entre los 32 y los 65 años- fueron ejecutados en el país.

Se desconoce la identidad de la mayoría de los ejecutados.

La isla, que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos.