Según el Instituto Europeo de Sindicatos, brazo investigador de la CES, en España la brecha salarial de género es de 2,31 euros por hora: los hombres cobran de media 18,86 euros la hora, frente a los 16,55 euros de las mujeres.

Si esa brecha se redujera en un 10 % gracias a la transparencia salarial, cada una de las 3,7 millones de trabajadoras españolas empleadas en empresas cubiertas por la directiva ahorraría esos 425,9 euros al año, por debajo de la media comunitaria, cifrada en 672 euros.

En total, el informe calcula que la brecha de género le cuesta actualmente a cada trabajadora española en empresas de diez o más empleados una media de 2.004,55 euros al año, frente a los 3.880 euros de media en el conjunto de la UE.

"Pese a que la igualdad salarial está recogida en los tratados de la UE desde 1957, la falta de transparencia y los sesgos ocultos han permitido que la discriminación continúe en la sombra durante casi 70 años", opinó la vicepresidenta del CES, Isabelle Schömann, en una nota de prensa.

Los cálculos se basan en datos de Eurostat de 2022 -los más recientes que permiten desglosar los salarios por tamaño de empresa-, actualizados a valores de 2025 para reflejar la inflación y ajustando la cifra al ligero cierre de la brecha salarial registrado entre 2022 y 2025.

Los 43 millones de mujeres empleadas en empresas de más de 100 trabajadores -el umbral que fija la directiva para exigir el reporte periódico de brecha salarial- perderían 28.000 millones de euros al año si no se logra esa reducción, que es además un "límite inferior conservador", detalló su autor, Wouter Zwysen.

Los datos generales más recientes de Eurostat, correspondientes a 2024 y publicados en febrero, sitúan la brecha salarial en España en el 7,3 % y el 11,1 % en el conjunto de la UE.

El 7 de junio expiró el plazo de tres años que tenía España para transponer la directiva de igualdad retributiva y transparencia salarial. Sólo cuatro países del bloque -Italia, Eslovaquia, Malta y Lituania- han transpuesto a día de hoy la normativa, lo cual expone a España a un procedimiento de infracción que podría derivar en sanciones económicas.

"El coste de las medidas de transparencia salarial es pequeño para las empresas, pero este análisis demuestra que la inacción de los gobiernos nacionales costará a las trabajadoras miles de millones en salarios perdidos", valoró en nota de prensa la secretaria general de la CES, Esther Lynch.

La directiva obliga a las empresas a publicar el rango salarial o salario inicial con criterios objetivos y neutros respecto al género, tanto en el sector público como en el privado y con independencia del tipo de contrato o relación laboral.

Además, los trabajadores podrán solicitar información escrita sobre su salario individual y el medio, desglosados por sexo, de las personas que realizan el mismo trabajo o uno de igual valor.

La empresa también deberá realizar reportes periódicos de diferencias salariales (equivalentes al registro salarial actual) y explicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres que superen el 5 % (frente al umbral actual del 25 %), así como endurecer las medidas correctoras.

La transposición podría conllevar cambios en leyes importantes de la legislación española, como el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

El Ministerio de Trabajo ha abierto una consulta pública previa, concluida en mayo, que constituye el primer paso antes de iniciar la elaboración de un proyecto normativo.