"La cólera no va a desaparecer porque el Gobierno anuncie unos pocos euros adicionales sobre el salario mínimo", afirmó la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, en la emisora France Inter, en la que reclamó respuestas globales a las reivindicaciones de los sectores movilizados desde hace semanas en Francia e defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos.

Con escaso margen presupuestario, el Ejecutivo estudia elevar el salario mínimo hasta los 1.500 euros netos mensuales, lo que supone unos 23 euros de incremento, una apertura que llega tras cuatro semanas de manifestaciones sindicales, de estudiantes y de 'chalecos amarillos'.

Binet considera insuficiente esa propuesta y recordó que el incremento automático previsto para el 1 de enero será del 1,2 %, unos 18 euros mensuales.

Si el Gobierno anuncia finalmente una subida total de 23 euros, la mejora adicional atribuible a su decisión sería de apenas cinco euros, según sus cálculos.

La dirigente de la CGT sostuvo que un aumento más significativo del salario mínimo permitiría impulsar el consumo y favorecer el crecimiento económico, como ha ocurrido, según Binet, en otros países europeos.

El principal sindicato, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) plantea, por su parte, un aumento de 100 euros.

Para facilitar que las empresas asuman el incremento, la CGT plantea revisar el reparto del valor añadido en la cadena de producción, gravar a las grandes compañías y establecer medidas de apoyo para las pequeñas empresas.

Desde el sector empresarial, el presidente de la Unión de Empresas de Proximidad (U2P), Michel Picon, consideró este lunes "viable" un salario mínimo de 1.500 euros siempre que el Gobierno acompañe la medida con compensaciones, especialmente mediante ajustes en las cotizaciones sociales y las exenciones patronales.

En una entrevista en la cadena TF1, Picon advirtió de que trasladar íntegramente a las empresas el coste de los aumentos salariales podría poner en peligro a miles de pequeños negocios.

Otro frente de tensión en la reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal se sitúa en la exclusión de los sindicatos de la función pública, que no han sido invitados al encuentro, y que serán recibidos por Lecornu el viernes próximo.

Según la líder de la CGT, unos 850.000 trabajadores públicos cobran por debajo del salario mínimo.