La deficitaria Caja de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público requiere sin dudas una inmediata respuesta a fin de disminuir el déficit que le cuesta millones a las arcas del Estado cada año. Solo en el 2025, este agujero que dejó la Caja Fiscal fue de US$ 380 millones, acumulando entre 2016 y 2025, un saldo rojo US$ 1.683 millones, de acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, esta cifra viene en aumento con cada periodo y el déficit podría llegar a US$ 9.800 millones para la próxima década (2026-2035), en caso de que no prospere las iniciativas de reformas para disminuir la diferencia que hoy existe entre los ingresos por aportes y los egresos por pago de jubilaciones.

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Para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), este déficit estructural requiere necesariamente de cambios en el esquema actual, donde las condiciones vigentes cuenta con asimetrías considerables.

A su parecer, el proyecto planteado por el Ejecutivo está en líneas generales bien, aunque podría haber incluido más cosas, aprovechando el contexto. Según indicó este plan busca en primer punto disminuir las asimetrías aumentando el cargo a sectores que hoy tienen mayores beneficios para la jubilación, como son las Fuerzas Públicas y los docentes. Indicó que estos cambios podrían disminuir el déficit, aunque no eliminar por completo, ya que siempre habrá algo que el Estado deberá aportar.

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En adelante, espera que de aprobarse estos cambios propuestos por el Ejecutivo, ya no se den esas “perforaciones” a la Ley de Pensiones que fue justamente uno de los motivos que aceleró el déficit tras la reforma anterior del 2003.

Según detalló, ahora Paraguay cuenta con mayor exigencia internacional, debido al grado de inversión, y que en ese sentido, será más difícil aprobar leyes por este tipo de presiones.

Por otra parte, Ibarrola mencionó que no solo la Caja Fiscal requiere de esta reforma, y que también se debería extender a otros sectores también deficitarios, donde ni siquiera se tienen datos, como la Caja Municipal, la Caja Parlamentaria, Ferroviaria y otros. En ese sentido, agregó que la labor de la Superintendencia de Pensiones será clave para la estructuración del sistema.

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El proyecto de Ley de modernización y reforma del Fondo de Jubilaciones propone entre sus principales puntos, establecer una edad mínima para la jubilación entre 57 y 62 años que actualmente no la tienen las fuerzas públicas y docentes, con el fin de dar sostenibilidad al sistema.

Además propone un ajuste de haberes en función al promedio de ingresos de los últimos cinco años, eliminando por ejemplo la “equiparación” automática con el salario del personal activo para los nuevos jubilados que tenían las fuerzas públicas. Otro punto que propone este plan es elevar los aportes de cotizantes del 16% al 19% e incorporar un aporte estatal del 3%.

Respeto a derechos adquiridos, el MEF ha aclarado que la reforma no afectará a quienes ya están jubilados ni a los aportantes que ya reúnen los requisitos actuales para jubilarse; estos mantendrán sus beneficios bajo el régimen vigente.

La posibilidad de un aumento del IVA no es un plan aceptable para el Congreso, y desde la Comisión Permanente confirman que seguirán esta semana las reuniones con los grupos afectados a fin de llegar un consenso en el marco de la reforma, escuchando las propuestas que tiene cada sector. Pero están firmes en que no hay vuelta atrás con la reforma de la Caja.