El pleno finalmente aprobó la versión modificada por la Cámara de Diputados a pedido de las comisiones presididas por los cartistas, en el marco de medidas a tomar contra la mafia de los pagarés.

Javier Zacarías Irún (ANR, HC), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, expuso los cambios introducidos y recalcó que con esto se garantiza la solvencia de los funcionarios ante descuentos compulsivos frente a este tipo de esquema criminal que agrupó desde jueces hasta casas comerciales y de cobranzas de deudas.

Pero el senador Rafael Filizzola (PDP), titular de la comisión que investiga la mafia de los pagarés, advirtió que el texto aprobado no incluye al BNF, pese a que es una de las entidades cuestionadas por este caso por su relación con la firma Walton Pagos.

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Dicha empresa, que “media” entre las cobradoras y el BNF, pertenece a la familia del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

El texto sancionado indica que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán exceder el 50% de los ingresos mensuales del funcionario público, siempre que se trate de conceptos debidamente autorizados por el trabajador y canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales reconocidos.

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Los proyectistas fundamentan que el Estado se encuentra en la obligación de velar porque las remuneraciones cumplan con el objetivo de lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, que asegura una retribución que permita el desarrollo libre y digno de cada trabajador; en este caso, los empleados y funcionarios públicos.