Un fiscal de San Lorenzo imputó a siete estudiantes, entre ellos miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (FE-UNA), que a su vez son representantes de diversos centros de estudiantes universitarios. Chiara Scavone, presidenta de FE-UNA y del Centro de Estudiantes de la Facultad de Química de la UNA, explicó que ella y los otros imputados fueron sorprendidos por la acusación y se están asesorando con abogados.

Imputan a presidentes de centros de estudiantes de la UNA

Los mismos fueron imputados por desacato a una orden judicial emitida el pasado 25 de septiembre, pero recién tuvieron conocimiento el viernes. Los estudiantes enfrentan medidas alternativas a la prisión mientras avanzan las investigaciones. “Nos enteramos de la imputación a través de la televisión y no sabíamos en qué habíamos incurrido en desacato”, comentó Scavone. “Hasta el viernes de tarde, cuando nos llegó el pedido de declaración, no pudimos acceder a la carpeta fiscal”, señaló.

Las personas imputadas son Ximena Ramos, Andrea Vera, Chiara Scavone, Germán Gallardo, Fabricio Enciso, Iván Quintana y Bruno Ramírez. La imputación se dio en el marco de un intento de fiscalización, ordenado por el juez Modesto Núñez y la actuaria Liz Torres, de una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes de la Federación de Estudiantes de la FE-UNA.

De acuerdo con la Fiscalía, el juez se presentó en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura para ingresar y supervisar la sesión extraordinaria, pero fue retenido en la entrada por los presidentes de centros de estudiantes, quienes afirmaron que el ingreso estaba prohibido por el estatuto que regula la participación de personas externas.

Sesión extraordinaria iba a ser sobre “Tratito”

Según Scavone, el juez no se identificó adecuadamente al intentar ingresar al salón. Explicó que en la sesión extraordinaria se tenía el propósito de discutir temas internos de la Facultad de Derecho, sin intención de proclamar a nadie como ganador de un proceso electoral estudiantil.

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Según relató, una semana y media antes, recibió amenazas provenientes de al menos 40 estudiantes de Derecho de la UNA, quienes habrían enviado mensajes y documentos exigiendo el reconocimiento de Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio “Beto” Ovelar, como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y su participación en el desfile de los juegos universitarios. Amenazaron además que si no se cumplía con el pedido, habría problemas judiciales y personales.

Scavone aseguró que el Consejo no tiene la potestad de proclamar a presidentes de centros, sino únicamente de reconocer a los ganadores de elecciones regulares.

“La Fiscalía está actuando de forma extraña”

“Nos parece que la Fiscalía está actuando de una forma muy extraña. En menos pocas hábiles fuimos imputados, sin tener la oportunidad de defendernos. Mientras en el país suceden cosas importantes, la Fiscalía apunta contra siete estudiantes que trabajamos por el bienestar de la comunidad universitaria”, señaló Scavone.

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Además, agregó que los mensajes amenazantes parecen tener un trasfondo político, posiblemente relacionado con un equipo de la Facultad de Derecho, aunque no pudo confirmar la identidad de todos los involucrados.

Por el momento, la citación para declarar está fijada para los próximos días, con algunas audiencias programadas para el jueves, viernes y lunes de la semana siguiente.

Mientras tanto, los imputados se están asesorando con abogados y buscan esclarecer la situación ante lo que consideran una intervención injusta de la Fiscalía en asuntos internos estudiantiles.