Los auditores realizaron una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la gestión del exintendente Ignacio Larre (PLRA) y el actual intendente Melchor Medina (ANR-HC) cuyo informe indicó la gestión municipal, pese a contar con los recursos económicos no ejecutaron las obras de mejoras en los sitios turísticos y patrimonios históricos de la ciudad.

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Según los documentos de la Contraloría, la Municipalidad de Santiago en el 2019 se destinó G. 67 millones para el estudio de proyectos de infraestructura turística a Bernardo Roberto Moray y para la ejecución de las obras se presupuestó otros G. 779 millones a la empresa Grupo Río Paraná SA. El paquete incluía la remodelación y puesta en valor del templo jesuítico Santiago Apóstol, diseño de espacio con mirador para el acceso a la ciudad y recuperación y revitalización de la Laguna San Isidro. Sin embargo, las obras no se ejecutaron.

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En el 2022, ya con la gestión del intendente Medina se volvieron a licitar las obras a la empresa constructora de Emilio Gustavo Cardozo Piriz, pero debido a protestas la licitación fue suspendida nuevamente.

La Contraloría indicó que los jefes comunales no tuvieron un control interno para garantizar que las empresas ganadoras de las licitaciones tengan las documentaciones exigidas para llevar adelanta un proyecto de gran envergadura.