Los parlamentarios de todos los signos políticos presentaron un proyecto de resolución para investigar sobre la “mafia de los pagarés”. Mencionan que es de urgencia ineludible abordar uno de los escándalos más atroces y dañosos que ha sacudido los cimientos de nuestra República.

Señalan que este esquema delictivo ha despojado a decenas de miles de paraguayos y paraguayas de sus legítimos ingresos, erosionando la confianza en nuestras instituciones y ha puesto al descubierto una red de corrupción que se ha infiltrado en las más altas esferas del sistema judicial y financiero de nuestro país.

Mencionan que desde fines de 2024 y con mayor destaque en 2025, diversos medios de comunicación han dado visibilidad a las denuncias planteadas inicialmente en redes sociales por el abogado Jorge Rolón Luna respecto a este tema.

Asimismo, recuerdan que gremios de trabajadores como la Asociación Paraguaya de Enfermería y educadores jubilados venían denunciado las penurias de miles de sus asociados a partir de estas estafas mediante el uso de pagarés ya cancelados, pagarés firmados bajo engaño, o pagarés judicializados sin notificación real a las víctimas, sin eco en las instituciones donde habían recurrido, ni atención pública a la problemática.

¿Qué dicen las auditorías del Poder Judicial y las investigaciones fiscales?

Los parlamentarios recuerdan que, inicialmente, las auditorías del Poder Judicial y la Fiscalía han corroborado la existencia de más de 2700 expedientes irregulares en juzgados de paz de Asunción, la presunta implicación de al menos cinco jueces de paz, más de una docena de actuarios y ujieres judiciales, así como estudios jurídicos y abogados que operaban con empresas “fantasma” para ejecutar las demandas.

Así funcionaba la mafia de los pagarés

En el mismo sentido, la participación de empresas como CARSA S.A., Vanessa y Asociados S.A., Finlatina, Crédito Amigo, Gestiones y Emprendimientos S.A., entre otras, que promovían estas ejecuciones sin sustento.

Indican que el caso emblemático de la ujier judicial Ingrid Prette, prófuga de la justicia, cuyo domicilio fue vaciado antes de un allanamiento donde se esperaban encontrar hasta 5.000 expedientes truchos. Menciona la auditoría que la falsificación masiva de notificaciones judiciales, en muchos casos ha notificado a personas en lugares y fechas imposibles.

Fueron imputadas más de 63 personas imputadas, incluyendo jueces de paz, actuarios, ujieres notificadores y abogados, todos presuntamente involucrados en este esquema delictivo.

Sobre las empresas y estudios jurídicos implicados

Los senadores afirman que detrás de esta trama, emergen nombres que resuenan con indignación empresas como CARSA S.A., Vanessa y Asociados S.A., Finlatina, Nexo S.A., Crédito Amigo, Gestiones y Emprendimientos S.A., entre otras, “han sido señaladas por promover estas ejecuciones sin sustento legítimo. No actuaron solas; contaron con la colaboración de estudios jurídicos y abogados que, traicionando su juramento de servir a la justicia, se convirtieron en cómplices activos de esta estafa masiva”, manifiestan.

El senador Rafael Filizzola (PDP), uno de los firmantes del proyecto de resolución que logró un amplio apoyo de sus colegas de todos los sectores, menciona que mañana plantearán su tratamiento sobre tablas. Afirma que los cientos de testimonios que escuchan a diario por parte de las víctimas de este esquema son desgarradores.

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“Esta red criminal ha causado un daño inmenso a las familias paraguayas e incluso se ha cobrado vidas. La misión de esta comisión es dar continuidad al trabajo de registro de casos que iniciamos junto al Dr. Jorge Rolón Luna. Esto permitirá conocer en detalle las modalidades utilizadas por esta red delictiva y, a partir de ese análisis, proponer medidas legislativas —tanto ordinarias como extraordinarias— que promuevan justicia y reparación. Las víctimas ya no están solas”, manifestó el parlamentario.

Lo que plantea el proyecto de resolución

El Senado pretende crear la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los Pagarés”, que tendrá las siguientes funciones:

Registro de víctimas como: recolectar, sistematizar y visibilizar los hechos denunciados, identificando el perfil de las víctimas y los actores públicos y privados involucrados. Así como estimar el impacto social y económico del esquema sobre los sectores afectados.

Asimismo, investigar y describir las modalidades y procedimientos aplicados en el funcionamiento del esquema; estudiar y proponer medidas legislativas ordinarias y extraordinarias; además de requerir informes a las distintas autoridades y personas involucradas.

Igualmente, convocar a autoridades, personas públicas y privadas, además de requerir cooperación de dependencias públicas con competencia en la defensa de los DD. HH, derechos del consumidor y de control y fiscalización de empresas de crédito y afines.

Por último, tendrán la atribución de emitir un informe final, formular sugerencias, y comunicar a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y cualquier otra institución según corresponda.

La comisión estará compuesta por seis titulares designados por la presidencia en acuerdo con las respectivas bancadas. La comisión podrá establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para la colaboración en la investigación y tendrá una duración de 120 días, prorrogable por decisión del pleno.