La propuesta legislativa busca establecer un tope de 10% de rentabilidad para tres cortes de alta demanda: costilla, puchero y carnaza de primera.

El objetivo declarado del proyecto es proteger el acceso de los consumidores a estos productos esenciales, en un contexto de constantes aumentos y distorsiones de precios en el mercado interno.

La normativa llega al pleno prácticamente sin respaldo político ni técnico, puesto que cinco comisiones asesoras del Senado recomendaron su rechazo y archivo, argumentando que no existen fundamentos técnicos que avalen la fijación de precios, que podría generar distorsiones en el mercado cárnico y podría desincentivar la producción y afectar el comercio interno.

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Con este escenario, fuentes parlamentarias reconocen que no hay ambiente para su aprobación.

Debido a que el documento no fue reincorporado en el orden del día, prácticamente queda descartado su tratamiento para las pocas sesiones que restan antes del receso legislativo. Todo apunta a que el proyecto será retomado —si los senadores lo consideran pertinente— recién en 2026, cuando se reinicie el plazo ordinario.