El proyecto de ley “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879/1981 Código de Organización Judicial” será tratado este jueves en sesión ordinaria del Senado, convocada para las 9:00, día en que tendrá sanción automática de no ser tratada.

La norma ya cuenta con aprobación de Diputados y si el Senado no se expide quedará firme la aprobación de la Cámara Baja.

La semana pasada, la comisión de Asuntos Constitucionales invitó al contralor General de la República, Camilo Benítez, y al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, a sentar posición institucional sobre el proyecto de ley cuya iniciativa partió de la propia Contraloría.

Pese a las posiciones claramente expuestas de las autoridades invitadas, el senador Fidel Zavala (PPQ) con apoyo de sus colegas, llamativamente pidió tener un informe institucional, para emitir dictamen de comisión. La intención era evitar evidenciar las posiciones y dilatar el tratamiento.

Senadores postergarán hoy tratamiento de ley contra “puenteo” a la Contraloría

En dicha reunión, el senador Javier Zacarías Irún (ANR) dijo que prefiere salir con un juzgamiento del Tribunal de Cuentas a que se le persiga con un garrote político, con auditorías traídas de los pelos, dijo en alusión al caso de su esposa, la destituida intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR, HC).

El senador Hugo Richer (FG), vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales adelantó que es probable que el proyecto de ley sea rechazado y devuelto a la Cámara de Diputados.

La normativa en estudio, busca poner fin a la serie de acciones de inconstitucionalidad que son presentadas por autoridades de varias instituciones públicas, para evitar ser controladas por la Contraloría.

El contralor Camilo Benítez afirmó que actualmente, mediante un esquema institucional, se elude al control y se favorece a la corrupción e impunidad.

Mientras que el ministro Ríos dijo que ve con preocupación que se sostenga que, porque el Poder Judicial ejerce su rol constitucional, ya se favorece a la corrupción y preguntó al contralor que atribuciones constitucionales se ha escamoteado a la Contraloría.

El contralor Camilo Benítez dijo que tras el fallo de la propia Corte, del 2003 que accionó contra la atribución de exclusiva de la Contraloría, de auditar las cuentas, se presentaron mas de 150 acciones de inconstitucionalidad.

“Esta coyuntura es absolutamente alarmante para los tiempos que estamos viviendo donde la cultura de las rendiciones de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción, que son caballitos de batalla de todas las instituciones, y esta situación hace que se genere un ecosistema favorable a la corrupción, un ecosistema que ayuda a que los ordenadores administrativos públicos puedan eludir los controles de la Contraloría y presentar directamente sus documentaciones al Tribunal de Cuentas”, dijo Benítez.

También dijo que el Tribunal de Cuentas no cuenta con los técnicos especializados, en materia de auditoría gubernamental, siendo un órgano jurisdiccional que tiene seis magistrados, pero no tiene la capacidad técnica que tiene la Contraloría ya que tiene a 600 auditores especializados.