La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración que exhorta al presidente de la República, Santiago Peña, a convocar a una cumbre de poderes del Estado para abordar de manera integral los feminicidios en Paraguay.

La iniciativa, aprobada por la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), busca promover una respuesta coordinada entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo ante los asesinatos de mujeres y las deficiencias señaladas por los parlamentarios en la prevención y atención de la violencia.

Durante el tratamiento, varios senadores coincidieron en la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de recibir denuncias, proteger a las víctimas y prevenir nuevos casos. Sin embargo, también surgieron cuestionamientos sobre la falta de recursos y la efectividad de las medidas impulsadas hasta ahora.

Yolanda Paredes pide coordinar acciones contra los feminicidios

Al defender su propuesta, Paredes sostuvo que los tres poderes del Estado deben asumir el problema como una prioridad y dejar de actuar de manera aislada.

La legisladora cuestionó la falta de respuestas inmediatas de las instituciones y reclamó información sobre los protocolos de actuación de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público ante las denuncias de violencia familiar.

También señaló la necesidad de revisar la formación impartida en escuelas y colegios para incorporar contenidos relacionados con el respeto, la convivencia y la prevención de conductas machistas.

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Paredes planteó que el abordaje no debe limitarse al aumento de las penas, sino que debe incluir políticas educativas y una mayor coordinación entre las instituciones responsables de atender a las víctimas.

Sobre la propuesta de establecer la cadena perpetua, recordó que la Constitución Nacional contempla la reinserción social de las personas condenadas y sostuvo que cualquier iniciativa legislativa debe ajustarse al marco constitucional vigente.

Filizzola cuestiona los discursos sin presupuesto

El senador Rafael Filizzola (PDP) acompañó la iniciativa, pero advirtió que una declaración parlamentaria no será suficiente si no se traduce en medidas concretas y recursos para las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. “El papel aguanta todo y el papel no salva vidas”, manifestó durante su intervención.

Filizzola cuestionó que, mientras los legisladores expresan indignación ante los casos de feminicidio, las discusiones presupuestarias para fortalecer las instituciones de protección se enfrentan a resistencias.

Recordó además la experiencia de las comisarías especializadas en violencia contra las mujeres, un proyecto que, según mencionó, llegó a contar con alrededor de diez dependencias, pero que finalmente no tuvo continuidad.

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El parlamentario insistió en la necesidad de dotar de mayores recursos a las instituciones existentes y garantizar protección efectiva a las mujeres amenazadas por sus parejas o exparejas. “Qué fácil es hacer una exhortación”, expresó, al reclamar que las autoridades demuestren su compromiso mediante decisiones presupuestarias y acciones concretas.

Ever Villalba pide combatir el machismo desde la educación

Por su parte, el senador Ever Villalba (PLRA) sostuvo que el feminicidio no puede abordarse únicamente mediante el endurecimiento de las penas, sino que requiere enfrentar los factores culturales que contribuyen a la violencia contra las mujeres.

El legislador cuestionó la falta de una unidad especializada contra el feminicidio y reclamó una mayor preparación de los agentes policiales para recibir denuncias de violencia familiar.

También advirtió sobre la difusión de grabaciones de asesinatos y hechos violentos en medios digitales y grupos de WhatsApp, al considerar que su circulación reiterada puede contribuir a normalizar la violencia.

Villalba defendió la necesidad de revisar los contenidos educativos y promover una cultura de respeto e igualdad, además de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.

¿Qué propone el proyecto aprobado por el Senado?

El proyecto de declaración consta de dos artículos. El primero exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del feminicidio en Paraguay.

El segundo dispone comunicar la decisión a quienes corresponda y archivar el expediente.

La declaración constituye un exhorto político al Poder Ejecutivo y no establece, por sí misma, un plazo para convocar la cumbre ni crea nuevas instituciones o asignaciones presupuestarias.

El debate dejó planteado el desafío de convertir los reclamos parlamentarios en medidas concretas de prevención, atención a las víctimas y protección de las mujeres en situación de riesgo.