En un confuso debate, el Senado rechazó ayer devolver a los ministros de la Corte Suprema de Justicia el privilegio del “voto secreto” para elegir a sus autoridades.

No obstante, los oficialistas y sus aliados sí derogaron la Ley 7.058/23 que obligaba a los ministros del Poder Judicial a “rotar” cada dos años como superintendentes de las circunscripciones judiciales. Esto se había aprobado en 2023 con el fin de evitar que se “eternicen” en feudos departamentales.

La derogación fue propuesta por los cartistas Natalicio Chase, Édgar López y Silvio Ovelar. El proyecto fue defendido por Basilio Núñez, Derlis Maidana y Javier Zacarías Irún. El expediente ahora pasa a la Cámara de Diputados.

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Los oficialistas también fueron poco transparentes para aprobar el proyecto. Rechazaron la moción de voto electrónico solicitado por Celeste Amarilla (PLRA) y aprobaron la iniciativa a mano alzada. Surgieron dudas sobre qué puntos se habían aprobado y posteriormente se aclaró que solo avanzó el plan contra las rotaciones.

Además de los colorados y los liberocartistas habituales, se sumó a los oficialistas el opositor Líder Amarilla (PLRA), quien junto con Éver Villalba (PLRA) encabezan el movimiento Frente Radical.

Durante el debate, Rafael Filizzola (PDP) pidió rechazar el proyecto. Subrayó que la Corte nunca pidió volver al voto secreto o derogar la rotación, cuestionando el argumento cartista de que la situación actual supuestamente era inconstitucional. Sostuvo que el proyecto era un retroceso en transparencia.

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Eduardo Nakayama (Ind.) dijo que el voto secreto solo era un derecho para los electores, no así para las autoridades de la Corte. Recalcó que la intención real del cartismo era eliminar la rotación de los ministros.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) despotricó contra los ministros de la Corte por no haber respondido requerimientos sobre este proyecto de ley.

Sostuvo que la iniciativa es impulsada por “los senadores delincuentes que deben favores al Poder Judicial que los blanquearon en procesos de corrupción”.

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Recalcó que Alto Paraná tuvo eternos ministros corruptos y que el ministro de la Corte encargado de Central permitió la mafia de los pagarés.

Celeste Amarilla (PLRA) dijo que los cartistas necesitaban congraciarse con los máximos jueces ante sus casos de corrupción.