Con el cierre del plazo de inscripciones a las 23:59 del martes, la Cámara de Senadores recibió un total de 49 postulaciones para los cargos de contralor y subcontralor general de la República, iniciándose ahora el proceso de evaluación para la conformación de las ternas que posteriormente serán remitidas a la Cámara de Diputados mediante audiencias públicas.

Sin embargo, el proceso ya está rodeado de especulaciones políticas. Fuentes legislativas consultadas coinciden en que se habría reactivado el denominado “pacto azulgrana”, mediante el cual el cartismo y un sector del PLRA garantizarían la reelección del actual contralor Camilo Benítez (ANR-HC) y del subcontralor Augusto Paiva (PLRA) para un nuevo periodo constitucional de cinco años.

Los últimos postulantes elevaron la lista a 49 candidatos

En las últimas horas antes del cierre del plazo se sumaron varios nombres que ampliaron el listado de aspirantes.

Entre ellos figura Luis Federico Franco Bobadilla, quien fue designado el 26 de marzo de 2025 como director general en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y actualmente ejerce funciones en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Presentó su candidatura tanto para contralor como para subcontralor.

También se inscribió Darío Araujo Prieto, auditor de la Contraloría General de la República y recordado por haber encabezado en 2021 el equipo fiscalizador que intervino la Municipalidad de Ciudad del Este. Su postulación es para ambos cargos.

Otro de los aspirantes es Nelson Darío Salinas Uliambre, actual director de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público. Anteriormente fue director general de Municipalidades de la Contraloría y también se anotó para ambas funciones.

La nómina incorpora además a Fernando Jhoni Báez Santacruz, actual síndico de la Asociación Nacional Republicana (ANR); Julio Mendoza Aquino, director administrativo de la Universidad Nacional de Caaguazú; y Liz Torres Laconich, directora general de Coordinación de Sindicaturas de la Contraloría, todos postulados para ambos cargos.

Por su parte, Armindo Torres, actual director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, presentó su candidatura únicamente para el cargo de subcontralor.

Entre las postulaciones políticas sobresale la del diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, quien busca convertirse en contralor pese a que su mandato parlamentario se extiende hasta junio de 2028. El legislador ya tuvo un paso por la institución como director general de Asuntos Jurídicos.

El “pacto azulgrana” vuelve a instalarse en el debate

Aunque oficialmente el Senado deberá analizar los perfiles y posteriormente elegir por mayoría absoluta la terna de candidatos, dentro del Congreso varios legisladores sostienen que el resultado ya estaría políticamente encaminado.

Las fuentes indican que el cartismo, junto con sectores liberales, habría sellado nuevamente un acuerdo para mantener en sus cargos a Camilo Benítez y Augusto Paiva, aprovechando la mayoría que el oficialismo y sus aliados poseen tanto en el Senado como en Diputados.

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El líder de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, evitó confirmar una decisión definitiva, aunque valoró positivamente la gestión del actual contralor.

“Creo que ha tenido una gestión medianamente buena y podría ser un candidato a seguir en el cargo, pero todavía no hemos tomado la decisión política. Somos hombres de bancada y será la bancada la que decida el rumbo”, manifestó.

Los cuestionamientos a la gestión de Camilo Benítez

La eventual continuidad de Benítez genera fuertes críticas desde sectores de la oposición, que cuestionan varias decisiones adoptadas durante su administración.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el examen de correspondencia patrimonial realizado al presidente Santiago Peña, en el que la Contraloría concluyó que no existían inconsistencias en su crecimiento patrimonial. Críticos del proceso sostienen que el análisis omitió revisar el periodo comprendido entre 2017 y 2023, considerado clave para verificar la evolución de sus bienes.

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Otro punto objetado fue la interpretación de la Contraloría que permitió que intendentes, gobernadores y otras autoridades puedan optar por presentar sus rendiciones de cuentas ante el Tribunal de Cuentas en lugar de hacerlo obligatoriamente ante la Contraloría, reduciendo, según sectores opositores, el nivel de control sobre los recursos públicos.

Asimismo, se cuestiona que la institución haya avalado modificaciones a la normativa sobre conflicto de intereses, cambios que permitieron flexibilizar las denominadas “puertas giratorias”, mecanismo mediante el cual funcionarios públicos pueden incorporarse al sector privado sin periodos de enfriamiento.

El proceso entra en su etapa decisiva

Concluida la recepción de documentos, la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá iniciar el análisis de los antecedentes de los 49 postulantes antes de elevar al pleno las dos ternas.

De acuerdo con el artículo 281 de la Constitución Nacional, el Senado deberá aprobar por mayoría absoluta las ternas para contralor y subcontralor. Posteriormente, la Cámara de Diputados elegirá a las nuevas autoridades, también por mayoría absoluta.

Las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República asumirán funciones el próximo 1 de noviembre, para un mandato de cinco años. Entretanto, el foco político ya no solo está puesto en los méritos de los postulantes, sino en si el supuesto “pacto azulgrana” terminará inclinando nuevamente la balanza a favor de la continuidad de las actuales autoridades.