La Cámara de Senadores, en su sesión extraordinaria, aprobó este martes, en menos de un minuto y sin debate, un proyecto de declaración que manifiesta su “preocupación” por la falta de pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre una recusación planteada dentro de la causa conocida públicamente como Banco Atlas–CONMEBOL.

La iniciativa fue aprobada durante la sesión extraordinaria adelantada del Senado y contó con votos de legisladores de distintas bancadas, mientras Javier Zacarías Irún ejercía la presidencia del Senado.

El documento fue presentado por el senador Dionisio Amarilla y aprobado sobre tablas. El texto aprobado sostiene que la demora en resolver la recusación afecta la regular prosecución del proceso y genera una preocupación institucional.

El punto que abre un debate constitucional es que el pronunciamiento del Senado se refiere a una causa judicial estrictamente privada concreta y a un incidente procesal pendiente de resolución ante la Corte Suprema.

Sumado a ésto, cabe mencionar que no hay entidad ni fondos públicos en riesgo, en tanto bien podría considerarse como un ataque contra el grupo ABC por publicaciones hechas por este medio.

¿Que señala la Constitución sobre la independencia de poderes?

La Constitución Nacional establece un límite expreso a la actuación de los demás poderes frente a los procesos judiciales.

El artículo 248, denominado “De la independencia del Poder Judicial”, establece que solo el Poder Judicial puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. Además, señala expresamente que los miembros de los otros poderes y otros funcionarios no pueden arrogarse atribuciones judiciales, paralizar procesos existentes ni “intervenir de cualquier modo en los juicios”. La propia norma establece que los actos de esa naturaleza conllevan nulidad insanable.

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La disposición también establece que quienes atenten contra la independencia del Poder Judicial y sus magistrados quedan inhabilitados para ejercer función pública durante cinco años, además de las penas que correspondan conforme a la ley.

El proyecto aprobado por el Senado se contradice en su intención ya que incorpora expresamente una aclaración: sostiene que la declaración se formula “con pleno respeto de la independencia del Poder Judicial” y que no pretende determinar el sentido en que debe resolverse la recusación.

La tensión está precisamente allí: mientras el documento se presenta como una manifestación institucional sobre una demora, el objeto de la declaración es una recusación pendiente dentro de un expediente penal específico.

Un “apriete” institucional aprobado sin discusión

El proyecto fue tratado prácticamente de inmediato. No hubo debate sobre los alcances constitucionales de que el Senado emita una declaración dirigida a la Corte Suprema respecto de un incidente procesal todavía pendiente. Tampoco se abrió una discusión sobre el alcance del artículo 248 de la Constitución Nacional.

A las 11:06, la votación reunió a senadores de diferentes sectores entre ellos cartistas, aliados y opositores. Entre quienes acompañaron estuvieron las cartistas: Lizarella Valiente, Zenaida Delgado, Pedro Díaz Verón, Carlos Núñez y Derlis Osorio, Así como los aliados José “Pakova” Ledesma (PLRA), Walter Kobilansky (ExCruzada Nacional) y Noelia Cabrera.

También votaron a mano alzada los senadores: Mario Varela y Luis Pettengill. Además de Esperanza Martínez (PPC), Lucía Mendoza (Cruzada Nacional) y Eduardo Nakayama (PLRA), según se observa en la transmisión de la sesión.

A las 13:00, el senador Nakayama pidió la reconsideración de su voto. “Quiero dejar constancia que eso se votó de una forma, y yo realmente no creo que nosotros debamos de entrometernos en otros poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, es una cuestión y tampoco meternos en como ya lo manifestamos en la sesión anterior, en una guerra que no nos corresponde solamente por esa cuestión”, dijo el senador.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) llevó a votación la modificación de la ley de reforma policial que en ese momento se estaba debatiendo y tras aprobar el senador Rafael Filizzola (PDP) pidió la palabra.

Filizzola pidió como moción de orden la reconsideración del punto argumentó que a su juicio con la aprobación de la declaración se violaba el artículo 248 de la Constitución al inmiscuirse en asuntos judiciales y presionar a la Corte Suprema de Justicia.

“Los constituyentes han puesto mucho énfasis en blindar al Poder Judicial de toda presión institucional externa”, consideró.

Tras un debate sobre la independencia de los poderes del Estado y ante la falta de cuórum reglamentario en el plenario, la sesión terminó siendo levantada sin que se concretara la votación de la reconsideración.

El senador Filizzola junto con el senador Ever Villalba (PLRA) anunció que planteará la derogación del proyecto de declaración.

El Senado dice que no pretende influir en la decisión

El proyecto intenta blindarse constitucionalmente. En su exposición de motivos señala que la declaración “no atribuye responsabilidad penal ni pretende influir en la decisión de la Sala Penal”.

También afirma que no se busca anticipar criterio sobre la procedencia de la recusación ni sobre el sentido de la resolución que debe adoptar la Corte.

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El artículo 3° del proyecto aprobado insiste en esa posición y establece que la declaración constituye una “preocupación institucional” por la demora y que no representa una valoración sobre la recusación ni sobre la responsabilidad penal de ninguna persona.

Un antecedente que vuelve a poner el artículo 248 sobre la mesa

No es la primera vez que legisladores intentan involucrarse institucionalmente en asuntos sometidos a la Corte.

El 10 de junio de 2020, diputados colorados y liberales llanistas, encabezados por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC) presentaron ante la Corte una nota relacionada con el proceso que debía definir si las declaraciones juradas de funcionarios eran públicas.