Durante la sesión, el senador Líder Amarilla (PLRA) exigió que el pleno del Senado impulse una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, señalando que las víctimas arrastran años de perjuicios sin respuestas efectivas.

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) fue más lejos y pidió que la Cámara de Diputados inicie juicio político contra los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, denunciando que las personas afectadas llevan “diez años de tortura” sin avances reales. Paredes también reclamó al fiscal general, Emiliano Rolón, y exigió a la Corte la reconstrucción de expedientes en un plazo máximo de 30 días.

A su vez, la senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) propuso impulsar un proyecto de ley para que los salarios de funcionarios se entreguen in totum, como medida para transparentar los procesos y evitar descuentos irregulares.

Acción penal por asociación criminal en preparación

El senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión, adelantó que está en elaboración una acción penal que incluirá la figura de asociación criminal, aunque reconoció trabas para acceder a ciertos documentos clave. Indicó que aguardan informes del Incoop para completar el expediente.

En medio de las revelaciones, la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), aseguró que la empresa Carsa, mencionada en los casos investigados, pertenece al hermano del ministro de la Corte César Diesel, lo que elevó el nivel de cuestionamientos y la urgencia de esclarecer responsabilidades.

Más de 333.000 juicios y US$ 314 millones descontados

El informe remitido por la Corte Suprema a la Comisión Antimafia permite dimensionar el impacto del esquema: Se mencionan 333.005 juicios ejecutivos con embargos salariales en todo el país. Además, de G. 2,2 billones extraídos de sueldos de trabajadores (equivalentes a US$ 314,3 millones).

Lea más: Demoledor informe de comisión del Senado sobre hallazgos en esquema de la “mafia de los pagarés”

Asimismo, se mencionó que el Juzgado de Paz de La Encarnación concentra el 31% de los juicios y el 26% de los depósitos judiciales. Mientras que apenas cinco juzgados de la capital acumulan el 82% de los casos y el 66% del dinero embargado.

Entre ellos destacan:

Encarnación: G. 577.540 millones / 104.894 casos.Catedral: G. 371.865 millones / 69.630 embargos.Le siguen Recoleta, San Roque y Villa Morra, con más de G. 510.000 millones combinados.

Esta concentración sin precedentes refuerza las dudas sobre el funcionamiento del sistema judicial en los juicios ejecutivos.

6.600 víctimas identificadas: mayoría mujeres y del interior

La Comisión Antimafia registró 6.600 víctimas, con un perfil claro: 70% mujeres, 30% hombres. El 87% reside en el interior del país. Mientras que entre los departamentos más afectados se encuentra Central (32,5%) y Asunción (13,2%). Se evidenció que el 70,3% de los juicios fueron radicados en Asunción.

Los sectores públicos más golpeados son:

MEC: 64,3%MSPyBS: 16,4%IPS: 3,5%Hospital de Clínicas: 2,7%

En total, al menos 5.517 trabajadores han sufrido perjuicios relacionados con este esquema, detalla el reporte de la comisión revelado ante la mesa directiva d la Cámara de Senadores.

BNF: descuentos sin respaldo y el rol de Walton Capital

Una de las revelaciones más delicadas involucra al Banco Nacional de Fomento (BNF), a cargo de Manuel Ochipintti y a la empresa Walton Capital SA, propiedad de familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

El informe expone descuentos salariales sin autorización de los trabajadores, formularios incompletos y extractos con datos insuficientes, imposibilidad de revocar los descuentos. Además de la falta de documentación válida y respuestas inadecuadas ante reclamos.

El senador Rafael Filizzola calificó el caso Walton como “el problema central” del BNF. Según explicó, el banco descuenta montos informados por Walton sin que existan pagarés ni permisos firmados. “Es una lesión de confianza gravísima”, advirtió.

Inclusive con nuevas reglas del BCP que permiten revocar descuentos, el BNF continúa aplicándolos alegando su acuerdo con Walton. Para la comisión, esto configura un posible esquema criminal, más grave aún considerando que los funcionarios públicos están obligados por ley a cobrar en la banca pública.

“El BNF cuida el dinero de Walton y no el de sus propios clientes”, denunció Filizzola.

Cómo operaba el esquema

El informe describe un sistema donde bastaba una planilla para generar descuentos mensuales a funcionarios y jubilados, sin exigir pagarés válidos ni documentación de respaldo.

Entre las prácticas detectadas, se detallaron múltiples descuentos por una misma deuda, operaciones a través de asociaciones sin devolución de documentos, expedientes inexistentes o incompletos, títulos viciados usados para juicios ejecutivos.

Como avances legislativos y desafíos pendientes, la Comisión antimafia destaca logros importantes, tales como el desistimiento de demandas abusivas, la devolución de pagarés a afectados, el levantamiento de embargos ilegítimos. Además de la recuperación de dinero cobrado indebidamente.

Lea más: Mafia de los pagarés: remueven a jueza de paz Nathalia Garcete

También resaltan la nueva ley de límites a descuentos salariales, la media sanción para crear más juzgados de paz y sanear juicios ejecutivos.

Mientras que mencionan que aún quedan pendientes reformas clave:

Límites para descuentos a jubilados.Regulación de prácticas de cobranza.Ajustes a intereses de obligaciones civiles.Reformas a burós de crédito.Una ley que garantice la obligatoria devolución de pagarés.