El pleno de la Cámara Alta aprobó hoy un texto consensuado el cual fusionaba el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y la ANDE, las propuestas del Senador Ever Vilallba (PLRA) y las modificaciones de la Comisión de Legislación.

La aprobación se dio por 24 votos a favor tras un largo debate en que se expresaron temores de criminalizar al extremo el robo de energía por ciudadanos comunes. Sin embargo, los proyectistas testaron varios artículos para que la reglamentación se enfoque en la criptominería ilegal.

El proyecto modifica el artículo 173 del Código Penal sobre la sustracción de energía eléctrica y eleva la pena privativa de libertad hasta cinco años o con multa.

Añade que cuando el autor lo haga con fines comerciales, industriales o alguna otra actividad lucrativa, abusando de su posición de funcionario o aprovechándose del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición, la pena privativa de libertad será de dos a diez años. Agrega que será castigada también la tentativa y que la persecución será de oficio.

El aumento de la inversión en criptominería en Paraguay, explicado por un experto

Este proyecto se gestó cuando surgió la versión de que los constantes cortes de luz en varios puntos del país eran culpa de las granjas de criptominería instaladas en el Paraguay. Varios senadores plantearon prohibir la actividad o suspender las nuevas habilitaciones.

El cartismo primero apoyó el proyecto, sin embargo, reculó al conocerse que las “granjas” legales generan unos US$ 150 millones a la ANDE y evitan que el ente se “descalabre”.

Posteriormente, la narrativa apuntó contra la criptominería ilegal, por lo que se aprobó este proyecto de ley.